A las autoridades del estado de Tlaxcala demandamos seguridad y justicia para todas, que se investiguen y se sancionen los delitos hacia las mujeres con perspectiva de género para garantizar la reparación del daño y la no repetición, implementando las medidas integrales para hacer frente a la grave situación de violencia en el estado. En este medio año hemos observado con gran indignación las formas en las que se les ha quitado la vida a más de una decena de mujeres en expresiones brutales de misoginia y hemos observado la omisión que en particular ha mantenido la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mostrando insensibilidad para atender de manera pronta y adecuada estos hechos y no queden en la impunidad.
México ha sido declarado el país número uno en feminicidios cometidos en América Latina, ningún estado se ha visto exceptuado en cuanto a la ejecución de este delito en contra de las mujeres y en todas las entidades federativas existimos grupos de mujeres visibilizándolos y exigiendo justicia; sin embargo, la respuesta de las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia ha sido lánguida y desinteresada.
Amnistía Internacional presentó el movimiento #JuntasHastaLaVida, en el que dio a conocer las cifras con las que México se coloca en primer lugar en feminicidios en América Latina, por encima de países violentos en materia de género como Brasil. De acuerdo con AI, durante el primer bimestre de 2019, se registraron en nuestro país 568 crímenes contra mujeres, de los cuales apenas 147 son investigados como feminicidios. De acuerdo con números presentados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente se registran entre nueve y 11 asesinatos al día, misma cifra que ratifica la Organización de las Naciones Unidas, considerándose ya como una crisis de derechos humanos.
Al respecto, para el caso de Tlaxcala, el procurador ha sido cuestionado y su respuesta ha sido más bien evadir sus responsabilidades, en una entrevista hace pocos días el funcionario insistió que “en materia delictiva se debe hablar con base en números reales y no suposiciones” y que por tanto no renunciará pues “está dando resultados”; aquí unas cifras: en 2018 esta organización registró 18 feminicidios, sólo en tres de estos se inició la investigación por este delito, y aún se desconoce sentencia alguna en contra de los feminicidas.
Tan sólo en el mes de junio se han registrado seis asesinatos de mujeres de forma violenta de los 16 casos conocidos públicamente, pues existen al menos otros tres casos con características de feminicidios que ni medios de comunicación ni autoridades hicieron del conocimiento a la ciudadanía, sino que por viva voz nos han informado de estos hechos y que nadie dice nada más; lo que aumenta la cifra a 20 feminicidios en medio año de este 2019 en el estado; los porcentajes para la Procuraduría son los mismos que en otros años, pues sólo ha informado de dos investigaciones por este delito, además de informar sobre las tres carpetas de investigación en 2018 y otros dos en 2017; sin embargo, en el mismo periodo tenemos un registro total de 48 feminicidios, lo que representa un 85 por ciento de impunidad.
Estos son números reales, no hay investigaciones con perspectiva de género y tampoco hace uso de la sentencia del TSJN para el caso de Mariana Lima Buendía, donde se exige que “toda muerte violenta de mujeres debe iniciarse la investigación por el delito de feminicidio”, el procurador insiste en iniciarlas por homicidio, siendo omiso a esta sentencia y haciendo de lado las evidencias que demuestren las razones de género para acreditar los feminicidios.
En el informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género. 2014–2017” presentado por el Colectivo Mujer y Utopía A.C., como parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en diciembre de 2018, se evidencia la ruta de la impunidad, mostrando aquellas irregularidades y faltas más comunes en materia de justicia que se presentan cuando una mujer es asesinada por su condición de mujer; entre las que se encuentran principalmente las resistencias para reconocer, y por lo tanto investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios; mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia; inconsistencias en dictámenes periciales; no existen análisis de contexto sobre los casos de feminicidio; no son garantizados los derechos de las víctimas; no existe un mecanismo efectivo de seguimiento a casos que verifiquen el cumplimiento de la debida diligencia.
Si bien es cierto que el aspecto punitivo no erradicará el grave problema de fondo que vivimos las mujeres, sí es importante que exista la aplicación del marco normativo y dejar de normalizar y minimizar los asesinatos de las mujeres, cosificándolas y basurizándolas; sus “resultados” entonces no favorecen a la justicia de las mujeres, sus hijas, hijos y familiares; ¿de qué tipo de justicia estamos hablando entonces?, o ¿para quién?
De manera muy atinada refiere la titular del Instituto Estatal de las Mujeres que al respecto se tienen que hacer todas las acciones que se encuentre en las manos de las autoridades para atender esta situación, cumplir con sus responsabilidades, como dar respuesta a las recomendaciones hechas por la Conavim para hacer frente a la violencia contra las mujeres, independientemente de que se decrete o no la Alerta por Violencia de Género, cosa que otras instituciones no han entendido, pues se mantienen omisas o al margen, como el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido prácticamente nulo su actuar para favorecer los derechos de las mujeres como el acceso a la justicia, pues ha sido sumamente pasivo el papel de vigilar y salvaguardar los derechos de las víctimas. Ante este contexto, se queda ciega la justicia para las violencias ejercidas contra las mujeres en Tlaxcala, no pueden mirar la gravedad de la violencia feminicida en que mantienen a la mitad de la población.