Justicia sin distingos es el clamor popular tanto en Tlaxcala como en el resto del país. La gente está harta de que la impartición de justicia sea, en el mejor de los casos, selectiva y, peor aún, que impere la impunidad.
La semana pasada, la Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo lo que tal vez sea el primer gran logro de la presente administración estatal. En un tiempo inusitado, logró aprender al presunto responsable del asesinato del ex diputado local, militante panista y otrora funcionario municipal, Omar Milton López Avendaño.
Del tamaño de ese logro también fue la molestia popular por los cientos de casos de asesinatos, homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, desapariciones y otros delitos de alto impacto que tienen en la zozobra a miles de familias que, a diario, sufren el peregrinar, porque sienten, sufren y huelen el pestilente tufo de la impunidad y la justicia selectiva.
La justicia ha sido privilegio de pocos, muy poquitos. Enumerar los casos que están pendientes de aclarar sería en vano. Ahí están los asesinatos de ex funcionarios estatales y de familiares de gobernantes, la desaparición de niñas, los secuestros y robos a las arcas del erario, por mencionar de manera general los casos.
Lo anterior pese a que, en el dogma, en Tlaxcala y en México toda persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El Estado procurará que este derecho se realice en condiciones de igualdad y de no discriminación, garantizando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.
Sin embargo, por desgracia, todos sabemos nuestra triste realidad, misma que, en esta nueva historia, esperemos que cambie, porque los relatos de corrupción e incapacidad siguen presentes, lastimosamente, en el día a día en la procuración e impartición de justicia en la entidad.
Mi humilde felicitación a las autoridades por este logro que permitirá que el amigo Milton descanse en paz y su familia logre un consuelo; pero también, la exigencia de redoblar esfuerzos para que en Tlaxcala se cumpla la premisa de que la ciudadanía viva en paz y, en todo caso, encuentre justicia de manera pronta, completa, imparcial y sin la necesidad de perder su patrimonio a causa de impulsos procesales.