“Las únicas autoridades que están autorizadas” para calificar la hipótesis sobre presencia de delincuencia organizada en el estado, “son los jueces federales en materia penal, ni siquiera” las fiscalías, aseveró Maximino Hernández Pulido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp).
Así lo puntualizó a la pregunta de reporteros en torno a los señalamientos realizados por diputadas desde la tribuna del Congreso local, en el sentido de que a pesar que la actual administración estatal ha negado la existencia de este problema en la entidad, autoridades federales ya lo confirmaron.
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“Pues mira, mi calidad de secretariado ejecutivo, no me corresponde calificar creo que las únicas autoridades que están autorizadas para calificar esa hipótesis son los jueces federales en materia penal ni siquiera las autoridades de las fiscalías, las policías”, contestó.
El funcionario fue abordado por medios de comunicación al concluir el inicio de la campaña de canje de armas de fuego 2024 y reiteró que la revisión efectuada para la implementación de este programa arrojó un incremento en el número de llamadas sobre riñas y detonaciones, de alrededor de 20 por ciento, en los últimos años.
Aunque, puntualizó que ese aumento “no quiere decir, y tampoco es un elemento objetivo, para deducir que haya delincuencia organizada”.
Abundó que el reporte “simplemente” muestra que hay un incremento significativo de riñas con presencia de armas de fuego, “pero ya una hipótesis como la que se planteó en el Congreso, repito, solamente los jueces federales los que califican los delitos”, son los que pueden afirmarlo.
“No sé por qué la insistencia de esa palabra que solo la puede usar un juez federal”, machacó. Respecto de si las cámaras de vigilancia del Centro de Control, Comando, Cómputo, Coordinación, Comunicaciones e Inteligencia (C5i) están funcionando en el estado, respondió que el Sesesp es supervisado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
“Entonces todos nuestros procesos están certificados, yo no puedo tener ni arcos de seguridad ni cámaras abajo de una disponibilidad del 95 por ciento” .
Repasó que esta administración inició con mil 200 cámaras y que actualmente “hay una expansión”, pues ya se cuenta con mil 600, y que a partir de la instalación de 34 Centros de Control y Comando (C2), “estamos hablando mil 800 más, por lo que remarcó que 95 por ciento de la totalidad debe funcionar por norma, ya que es auditada la parte tecnológica y la administrativa.
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El secretario sostuvo que a través del funcionamiento de estos dispositivos de vigilancia se difunde “lo que no viola los procesos penales” y acentuó que “por supuesto que hay trabajo de inteligencia”.
Aseguró que en el caso del empresario que la semana pasada fue levantado en el municipio de Chiautempan, “hay un seguimiento hasta el destino final”, pero no puede hacerse público.
“Por obvias razones hay partes que no podemos nosotros mostrar, porque si no entorpecemos las investigaciones de las fiscalías, si no les avisamos a los delincuentes que están identificados los vehículos en los que se transportaban, esa es la razón”, resaltó.
Hernández Pulido puntualizó que el programa de canje de armas no responde a este tipo de hechos en particular, pues se implementa desde hace varios años, el cual se detuvo por la pandemia de Covid 19 y por la veda electoral. Subrayó que la delincuencia no se debe normalizar en ninguna parte del país.