La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, Mónica Sánchez Angulo, advirtió a los presidentes municipales que la ley no contempla bonos por fin administración, de ahí que cualquier asignación de ese tipo puede ser observada en su cuenta pública y ser motivo de sanción.
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Si bien, reconoció que los ayuntamientos “tienen una independencia financiera, y que su máximo órgano de gobierno son los cabildos”, que podrían autorizar una partida presupuestal para ese rubro, advirtió que su cuenta pública del último periodo de su mandato podría ser observada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
“Entonces si así lo deciden por mayoría, (pagarse un bono por fin de mandato), lo podrían hacer, sin embargo, eso no los exime que en un futuro vayan a tener alguna responsabilidad administrativa, debido a que por ley no se pueden autorizar algún bono por cierre de administración”.
Ante este escenario, la diputada local exhortó a los presidentes municipales, síndicos, regidores y presidentes de comunidad de los 60 ayuntamientos, a dar prioridad a las necesidades de sus gobernados, toda vez que están por concluir sus administraciones y deben de concluir con los proyectos contemplados para este ejercicio fiscal, sobre todo en lo que se refiere a la ejecución de obra pública.
“Les haría ese llamado a los servidores públicos a que respeten la ley, además de que en los municipios hay infinidad de necesidades que deben de ser atendidas con prioridad antes que autorizar cualquier bono o compensación, y menos cuando tienen reprobadas sus cuentas públicas por no administrar de forma adecuada los recursos de las y los ciudadanos.
Esas declaraciones se dan después que integrantes de los cabildos de los municipios de San Juan Huactzinco, Totolac y San Pablo del Monte, entre otros, solicitarán el pago de un bono o compensación por fin de mandato.
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En el caso de San Juan Huactzinco, un grupo de regidores pidieron la asignación de una gratificación, retribución o compensación económica para el final de la administración pública, equivalente a seis o siete quincenas establecidas como base en el último tabulador de salarios aprobado por la presente administración.
Argumentaron que el artículo 40 de la Ley Municipal establece que los integrantes en funciones del ayuntamiento tendrán derecho a una retribución económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta erogación deberá sujetarse a criterios de austeridad, equidad y proporcionalidad a la hacienda pública municipal, así como al trabajo desempeñado, y no afectar las demandas sociales ni los activos del municipio.
