Con la finalidad garantizar el derecho básico de los jóvenes egresados de carreras técnicas y educación superior, a la inclusión laboral oportuna e inicio de su experiencia profesional, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz insistió en la propuesta de su partido Alianza Ciudadana en la necesidad de crear la Ley de Fomento al Primer Empleo.
La propuesta de la congresista es que todos los jóvenes en el estado de Tlaxcala gocen del derecho fundamental para acceder a cualquier oportunidad laboral “de acuerdo con sus conocimientos, capacidades y habilidades, sin discriminación de ninguna especie; el cual será reconocido y protegido por los gobiernos estatal y municipal; y plenamente respetado por los sectores privado y social.
Para ello, las empresas del sector privado gozarían de diversos incentivos y estímulos fiscales, con la finalidad de que generen más y mejores empleos para los jóvenes.
En la sesión ordinaria del Congreso local de este martes, la diputada Ramírez Ortiz volvió a presentar la propuesta que en su momento impulsaron sus tíos y antecesores en el cargo de congresistas, Serafín y Héctor Ortiz Ortiz, con el nuevo planteamiento de que en el otorgamiento de empleos, “se dará preferencia a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al ser la casa de estudios con el número más alto de egresados formados en 46 licenciaturas”, de la cual, los mencionados han sido rectores y ella, catedrática y funcionaria.
La legisladora explicó que uno de los principales obstáculos que enfrenta la población juvenil al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral, muestra de ello es que de acuerdo a datos del INEGI, el 19.8 por ciento de los jóvenes desocupados se identifica con la falta de experiencia laboral, mientras que del total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más de 16.2 por ciento declararon disponibilidad para trabajar, pero señalaron haber dejado de buscar trabajo o no buscarlo porque piensan que no tienen oportunidad de encontrar uno.
Ante ello, propuso que el Estado tiene por objeto garantizar el derecho básico de los jóvenes egresados de carreras técnicas y educación superior, a la inclusión laboral oportuna e inicio de su experiencia profesional, de ahí que los tres poderes del Estado, municipios y organismos autónomos, “procurarán que un mínimo del 10 por ciento de su plantilla de personal, sea para la incorporación de jóvenes egresados como trabajadores de primer empleo”.
Los beneficiarios del primer empleo gozarán por lo menos del salario mínimo profesional, vigente en el momento en que le sea cubierto su sueldo y el trabajador beneficiado de peste, al concluir el contrato de trabajo que hubiese suscrito, gozará del derecho de preferencia para ocupar el cargo en forma definitiva, observado en todo caso lo que establece al respecto la Ley Federal del Trabajo.
En el caso de los beneficios a los empresarios, la propuesta establece que el Ejecutivo del estado incluirá en la Ley de Ingresos, un apartado específico de estímulos fiscales a las empresas y empleadores del sector privado y social contribuyentes, establecidos en el territorio de la Entidad, que durante el ejercicio fiscal contraten a jóvenes, otorgándoles por lo menos, un subsidio del cien por ciento del Impuesto Sobre Nóminas causado por las remuneraciones económicas que perciban los trabajadores de primer empleo, así como el derecho a un subsidio del gobierno estatal “equivalente al del 30 por ciento del salario del trabajador del primer empleo”.
La propuesta fue remitida a su expediente parlamentario para su análisis y dictamen correspondiente.