Inocuidad neoliberal

6362 Glifosato/ El 50 por ciento del glifosato se utiliza en el sur Sureste. Foto Yazmín Ortega / Archivo

Hace algunas semanas, dos extrañas asociaciones, supuestamente de la sociedad civil, la UMFFAAC (Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C.) y la PROCCYT (Producción de Cultivos, Ciencia y Tecnología), hicieron una declaración pública conjunta en la que advertían que de mantenerse la prohibición de la Semarnat, de importar 67 mil toneladas de glifosato, la producción de alimentos básicos caería entre 20 y 40 por ciento en el país, ya que este herbicida forma parte del paquete tecnológico de más de 100 cultivos básicos, además de ser usado en jardines, públicos o domésticos.

El reclamo de estas asociaciones, donde están las grandes corporaciones transnacionales agroindustriales, se produce como reacción a la medida tomada en noviembre del año pasado por la Semarnat, ante una recomendación de la CNDH, de prohibir la importación de este agrotóxico, declarado como “posiblemente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud.

Los presidentes de ambas asociaciones argumentaron que todos los estudios que lo señalan como perjudicial para salud y el medio ambiente, en su opinión, carecen de “rigor técnico” y, por lo tanto, son irrelevantes, frente a la avalancha de estudios pagados por las empresas criminales garantizando su “inocuidad”. Finalmente se declararon en favor de las políticas del actual gobierno en pro de la seguridad alimentaria y de agricultura sustentable.


Resulta sorprendente que las empresas transnacionales se escuden ahora en organizaciones, supuestamente de la sociedad civil, conformadas por ellas y sus cómplices promotores de las agroindustrias y la producción masiva de alimentos chatarra, para defender sus intereses estrictamente empresariales por encima de la salud de la población. Segundo, sorprende que utilicen el fantasma de la hambruna, de la escasez de alimentos, el aumento de precios y la mayor dependencia a las importaciones, cuando es precisamente esto lo que promueven con su modelo agroindustrial: la dependencia de cultivos transgénicos y de los paquetes de agrotóxicos que conllevan. Ignoran también que el 70 por ciento de la producción de alimentos depende de pequeños agricultores locales en las diferentes regiones.

Resulta incongruente que se digan en favor de la seguridad alimentaria cuando tratan de monopolizar la producción de alimentos y de asegurar su doble ganancia (agroindustrias y farmacéuticas) enfermando a los consumidores. También son reveladores sus silencios: no dicen nada de las 125 mil denuncias que Monsanto–Bayer enfrentan en Estados Unidos, precisamente por personas que enfermaron de cáncer por el uso constante de glifosato y los 10 mil millones de dólares en indemnizaciones que tienen que pagar tras ser condenados por tribunales norteamericanos.

Tampoco dicen nada de la guerra que enfrentan con las comunidades rurales argentinas por los diferentes tipos de cánceres que padecen los pobladores aledaños a los campos de cultivo de soya transgénica, fumigadas masivamente desde el aire con glifosato. Ni mucho menos mencionan los estudios de la U de G y el Ciesas en Jalisco que ha detectado la presencia del glifosato en la orina de infantes del municipio de Autlán, por el uso intensivo del mismo, ni como tampoco el estudio de la UAM–Xochimilco que detectó la presencia del veneno en las tortillas elaboradas con harina industrializada de maíz transgénico. Finalmente, hay que recordar que en la Comunidad Europea varios países han prohibido o restringido el uso y venta del glifosato. Por ello es importante que la Semarnat mantenga la prohibición de su importación y se llegue hasta la prohibición total de su uso (como en India o El Salvador) para 2024, como lo ha propuesto. Y nosotros como consumidores deberemos evitar la compra y consumo de todos los productos que por su origen industrializado lo contengan.