La presidenta del Poder Judicial, Mary Cruz Cortés Ornelas evidenció su desconocimiento respecto a temas torales sobre la administración y desempeño al interior del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), situación que fue recriminada por legisladores, que calificaron su informe como documento cosmético, alejado de las demandas y exigencias de la sociedad.
Este martes, la también presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, compareció ante el Congreso local, como parte de la glosa de su informe de actividades correspondiente al año 2023, en donde diputados le recriminaron el subejercicio de cerca de 80 millones de pesos en su presupuesto, así como la constante revocación de resoluciones en algunos juzgados y su proclividad hacia la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.
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Acompañada de magistrados y de integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes intervinieron en la comparecencia para apoyarla, Cortés Ornelas aseguró que el Poder Judicial priorizó, en el año pasado, cuatro ejes fundamentales, que son: La cultura de la paz; fortalecimiento de atención a niñas y niños; inclusión y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres.
En esa labor, destacó la celebración de cientos de convenios, así como acuerdos y cursos de capacitación de los servidores públicos que integran el Poder Judicial, adiestramiento y actualización de conocimientos, “indispensables para garantizar una impartición de justicia pronta, imparcial y expedita”.
Su exposición se centró en temas generales, numeralia respecto a la cantidad de sesiones de pleno, expedientes y demás datos, pero al momento de ser cuestionada por temas torales y precisos, la funcionaria fue recurrente en su respuesta: “no conozco con precisión” esos temas.
Por ejemplo, cuestionada por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Ever Alejandro Campech, respecto al número de procesos instaurados en contra de ex funcionarios municipales por la no aprobación de su cuenta pública, la presidenta del Poder Judicial respondió que no con exactitud esos datos.
“No tengo el número exacto, pero hace algunas semanas teníamos alrededor de 45 asuntos, justamente por el delito de peculado u otros… no tengo números exactos diputados, sin embargo, sí les puedo decir que algunas causas han sido concluidas al día de hoy y algunas otras no cumplieron los requisitos que establece el Código Nacional, por lo cual no se pudo continuar con su procedimiento o distintas causas, pero sí es importante destacar aquí, que tenemos alrededor de 10 o 12 asuntos en los que justamente se está llevando, sustanciando las causas judiciales en los que desde finales del año pasado se están señalando las audiencias y por supuesto todas las audiencias en cada una de las causas judiciales tienen particularidades muy específicas que agarran rumbos o tiempos distintos”
Abundó: “Es importante destacar y creo que es un dato importante para todos en esta mesa, que se encuentra una persona responsable de peculado o algún delito, justo por la desviación de recursos o por la no comprobación de los recursos públicos, con una medida cautelar de prisión preventiva. La intención es que como Poder Judicial hagamos el trabajo que nos corresponde y que cualquier servidor o servidora pública que haga mal desempeño de las funciones, en algún momento, pueda responder por ella”.
Lo mismo ocurrió cuando el perredista Juan Manuel Cambrón Soria evidenció que existe, al cierre del año fiscal 2023, un subejercicio de recursos de 79 millones 756 mil pesos, que representa prácticamente el 18 por ciento del total del presupuesto de esa anualidad, a lo que la magistrada quiso matizar y terminó por reconocer que desconocía “de manera específica”, las razones de éste.
“No es propiamente como tal (un subejercicio); lo hemos platicado los integrantes del Consejo de la Judicatura con nuestra área técnica y no es un subejercicio como tal, finalmente tiene que ver con cuestiones técnicas que en este momento no tengo el conocimiento específico, pero que también tiene que ver con las licitaciones que estamos por iniciar, que son procedimientos que no todos están en nuestra cancha…”, sostuvo.
Sin embargo, tuvo que salir al paso de ese desliz la consejera de la Judicatura, Violeta Fernández Vázquez, quien ante la insistencia de la priista Blanca Águila Lima por clarificar el destino que le darán a esos cerca de 80 millones de pesos, sostuvo que serán usados en las licitaciones y obras para la construcción de diversas salas de oralidad, así como la Casa de Justicia en San Pablo del Monte, entre otras acciones.
“Este subejercicio habla de cierta desorganización, de falta de planeación, pues apenas van a pensar qué hacer, pues la presidenta nos dijo que sabía en que se utilizaría esos recursos; les falta ocupar los recursos en el tiempo en el que han sido destinados, porque reitero si no, ya no habrá justificación para solicitar un aumento, porque si fuera en otra instancia, tendrían que reintegrar esos fondos a la tesorería”, le recriminó la priista Blanca Águila.
En el mismo tenor, el diputado panista José Gilberto Temoltzin recriminó que un alto porcentaje de resoluciones, más de las que existe en la media nacional, emitidas por algunos juzgados, lo que evidenciaría algunas fallas, a lo que, nuevamente, la presidenta del TSJE no supo responder ni justificar.
En tanto, Cortés Ornelas dio a conocer a los diputados que el Poder Judicial coadyuva con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) a fin de que en este proceso electoral no participen, como candidatos a los diversos cargos en disputa, aquellas personas que tengan sentencia firme por casos como deudores alimentarios y que hayan incurrido en actos de violencia.
“Nosotros firmamos un convenio con el ITE. Las personas postuladas no deben encuadrar en el supuesto que establece la Constitución federal, es decir, que sean deudores alimentarios, que hayan ejercido algún tipo de violencia, llámese familiar, política o sexual; esta información que como Poder Judicial generamos, a través de los asuntos de los cuales tenemos conocimiento, es la que justamente requiere el Instituto para poder validar el registro o no de los aspirantes alguna candidatura a un cargo de elección popular y el compromiso que hicimos en la firma de este convenio fue proporcionar la información que requiera para poder cumplir con su función de la organización del proceso electoral. De manera mensual dotaremos de la información que nosotros debemos proporcionar para que pueda seguir con los a las etapas del proceso electoral”, apuntó.
Antes, el perredista Cambrón Soria le pidió a la presidenta del TSJE o a quien asuma esa posición, pues este 1 de febrero debe elegirse al nuevo titular, a que defienda la autonomía del Poder Judicial ante los embates del Ejecutivo federal o evite la sumisión hacia éste, en el ámbito local.
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“Defiendan la autonomía y soberanía del poder judicial, no hay que ser acompañantes del poder ejecutivo, no tienen por qué ir a los eventos de la gobernadora a tomarse fotografías, tienen que estar solo en los eventos institucionales, todo lo demás es parafernalia y no se ve bien, tienen que defender la trinchera, es el llamado respetuoso que les hago a efecto de que se respete el equilibrio y la división de poderes”, acotó.