Inexistente, así es el resultado que ha arrojado la labor de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque la impunidad entre quienes han abusado del ejercicio de la función pública, del erario y de los bienes del pueblo, sigue siendo la constante en Tlaxcala.
Y es inexistente, porque pese a los múltiples y documentados excesos cometidos por personas que, amparados en cargos públicos de los diversos niveles de gobierno, dilapidaron el erario o lo usaron para su disfrute, no hay una consignación alguna.
En poco más de cuatro años que lleva de vida esa institución, ha acumulado más de mil 462 carpetas respecto a hechos presumiblemente constitutivos de delitos como peculado, malversación de fondos, uso de recursos públicos con fines distintos, pero no hay sanciones ejemplares para los responsables de esos quebrantos.
Ahí están los casos de centenas de autoridades municipales que, a lo largo de casi tres trienios, en suma, malversaron más de 5 mil millones de pesos y que, por sus hechos, no han sido sancionados y en algunos casos ya hasta prescribieron sus delitos.
Información que se desprende de los informes de cuentas públicas emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) revelan el grave daño que ha sufrido el erario y el pueblo de Tlaxcala de parte de sus autoridades. Por ejemplo, en el año 2013, las arcas estatales registraron un daño por 746 millones 532 mil 967.9 pesos, mientras que un año después la cifra llegó a 983 millones 108 mil 27.8; en 2015, los montos se ubicaron en 439 millones 440 mil 154.18 pesos y para el siguiente ejercicio el daño se contabilizó en 725 millones 22 mil 686.29 pesos.
La misma tendencia se registró en el año 2017, en el que la afectación fue de 634 millones 294 mil 870.60 pesos, para 2018 el desfalco ascendió a 561 millones 498 mil 949.42 pesos; en 2019, tan solo con respecto a los municipios, las observaciones por irregularidades sumaron más de 480 millones de pesos, mientras que en 2020 las cifras superaron los 600 millones de pesos y en el ejercicio 2021, el daño patrimonial fue de al menos 744 millones 843 mil 106.64 pesos y ahora falta conocer el grave boquete que le generaron al patrimonio durante el año 2022.
El trabajo de esa Fiscalía parece que es más que inexistente, porque de las mil 462 carpetas iniciadas, solo en 171 ha habido la judicialización del caso, pero la mayoría, aunque parezca irrisorio, ha sido en contra de actos cometidos por policías municipales y es cuando deberíamos entender que el incumplimiento de funciones y falta de resultados de las autoridades, también es corrupción.