Las comunidades originarias tlaxcaltecas deben continuar organizadas y mantener su tejido social para exigir sus derechos, como el de la educación bilingüe e intercultural, pero también pueden tomar rutas legales para reclamarlos, recomendó Tomás López Sarabia, presidente del Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
Ante la cada vez más insistente demanda de estos pueblos de preservar su lengua materna, señaló que cualquier resolución a su favor, ya sea de una instancia judicial o de derechos humanos, la autoridad omisa debe rectificar su postura, “revirar un poquito y dejar de ver a los indígenas como un problema”.
El abogado mixteco apunto que esta percepción hacia comunidades nativas “es genérica”, por lo que se debe transitar hacia una más incluyente y plural, “pues no somos un problema sino la oportunidad de enriquecer los conocimientos de este país, es un llamado al respeto a la diversidad de Tlaxcala”.
Observó que las respuestas que algunos servidores públicos expresan ante las demandas de estas localidades, reflejan un doble discurso con el que se trata a las y los indígenas mexicanos.
“Vivimos en un país con muchas formas de organización sustentadas principalmente en los pueblos indígenas, que son orgullo para México pues lo colocan entre los primeros 10 del mundo con la mayor diversidad, lo cual se expresa en las festividades, en la gastronomía, en la vestimenta y en las lenguas originarias”.
Esto –añadió– es aceptable por parte de cierto sector de la ciudadanía y de instituciones estatales, “pero si se voltea la otra cara de la moneda, el servidor público lo que ve es un problema del indígena, no un problema de la propia dependencia en la que labora; esa es la cara de la moneda que desafortunadamente nadie quiere ver”.
Cuando se trata de exigir derechos y presupuesto para atender las necesidades de salud, educación, justicia y otras, “siempre los indígenas terminamos siendo un problema para el Estado mexicano en general, no solo en Tlaxcala”, lamentó.
En el caso de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, la cual requiere educación bilingüe en las escuelas (náhuatl/español) “es obligatorio para el estado, pero desgraciadamente muchos servidores públicos desconocen el marco normativo” y por ende tienden a generar expresiones negativas y obstáculos.
Por tanto, en lugar de avanzar hacia una sociedad mucho más pro bilingüe, lo que se hace es limitar a indígenas al uso del español, como única lengua que se habla por la mayoría de mexicanos, enfatizó el especialista.
En el diseño institucional la población indígena tiene un reconocimiento “que si no es el ideal, es legal y suficiente, pues reconoce derechos, aunque la complicación central es que al llevarlos a la práctica hay un problema serio de implementación”.
Con base en los artículos 2 y 3 constitucionales; el 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos y el 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado desde 1989 por México y posteriormente ratificado, los pueblos originarios pueden solicitar escuelas bilingües, precisó.
Advirtió que hay un escenario “muy complejo” para estas comunidades, porque cuando exigen que sus garantías se hagan realidad, se enfrentan a serias deficiencias, debido a que el diseño institucional es monocultural, “ese es el problema central de este país”.
Además, en una nación sumamente racista como lo es México, hablar una lengua nativa y ser de una comunidad indígena, “siempre te pone en un estatus inferior a la cultura o a la sociedad en general”.
La comunidad de Ixcotla intenta por sí misma recuperar el escenario bilingüe y va contracorriente a lo que pasa en muchas poblaciones, pero parecería que el contexto ideal es solamente ser monolingüe, “cuando desafortunadamente somos un país muy pobre lingüísticamente, porque solo hablamos español”, indicó.
Frente a estas circunstancias, el presidente del Cepiadet (cuya sede se ubica en Oaxaca) reiteró que los pueblos originarios deben pensar no solo en el activismo social, sino también en las rutas legales a las que la comunidad tiene derecho para exigir atención.
Mientras tanto, Crispín Pluma Ahuatzi, presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, ratificó que mantiene firme su intención de realizar acciones para conservar la lengua náhuatl, pues no esperará a que el gobierno se decida a apoyarles.
Recordó que en 2019 fueron realizadas diversas conferencias con motivo del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, una de ellas se llevó a cabo en agosto de ese año, cuando entregó a un representante de Javier López Sánchez, titular de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), una solicitud para que las escuelas de la entidad sean bilingües y se enseñe el náhuatl.
“Porque los gobernantes no han hecho nada” al respecto ni les preocupa; pero él me respondió que recurriera a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE). “Hasta el momento no he recibido respuesta”, afirmó.
Al tiempo, criticó que el titular de la SEPE, Florentino Domínguez Ordóñez, recientemente declaró a un medio de comunicación local que es poco viable la impartición de clases en náhuatl. “Da vergüenza que un funcionario de primer nivel se exprese de esa manera y niegue esa posibilidad…. mientras uno está interesado, él nos baja la moral”.
Resaltó que es preocupante que en lugar de que las autoridades “nos apoyen, entorpecen el trabajo, porque nosotros aun sin dinero y sin nada queremos rescatar una lengua, a lo que ellas dicen que no hay recurso”, a pesar de que hay muchos maestros desempleados que hablan náhuatl y pueden ser certificados.
“Él nos está marginando por la forma en que queremos hablar y por exigir este derecho”, sin embargo, a mediados de 2019 se contrató a un maestro y a una maestra de Cuauhtenco, municipio de Contla, para que impartan clases en la presidencia de Ixcotla.
Comentó que a estos profesores se les paga 200 pesos por clase, pero la mitad la aportan los alumnos y el resto la presidencia de comunidad. Es una cantidad baja, “creo que no debe haber limitaciones para rescatar a nuestra lengua”.