Al inmiscuirse los tratantes de mujeres y niñas con fines de explotación sexual al ámbito político y público, no se puede avanzar frente a esta problemática, pues financian campañas y llegan a ocupar cargos de elección popular, aseveró Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
Señaló que este es uno de los factores que ha influido en que este flagelo social persista en la entidad tlaxcalteca, a pesar de contar con una legislación y políticas públicas en la materia.
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Recordó que en el año 2017, en la pasada administración estatal, un agente ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE, ahora Fiscalía) fue vinculado a proceso por haber “enganchado” a una estudiante que realizaba servicio social.
Anotó que este tipo de hechos han sido sistémicos, ya que a través de notas periodísticas se ha dado a conocer que funcionarios públicos municipales, principalmente, están vinculados a redes de tratantes.
Aunque, refirió que se desconoce el número de casos como estos y el resultado de las carpetas de investigación inciadas, pero “se supone que sí han sido abiertas”.
A pregunta expresa, contestó que de acuerdo a testimonios de las comunidades proporcionados al Centro Fray Julián Garcés, sí hay proxenetas que logran postularse en los procesos electorales para hacerse de espacios en los gobiernos municipales
“Las redes de trata también entran en el juego político y también imponen a sus candidatos y, a veces, son quienes llegan, incluso, a ocupar cargos públios. Se meten a la vida política y financian campañas”, dijo.
Una característica en el estado de Tlaxcala, es que los tratantes son oriundos de las comunidades, pues no se han ido, están ahí, por lo tanto, se meten a las contiendas electorales “imponiendo candidatos e involucrando dinero”.
Sin embargo, “estamos en una total impunidad”, por ello el Centro Fray Julián Garcés ha insistido en la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, porque al indagar “los recursos que llegan, se podrían hacer muchas cosas, pero simplemente hay una omisión y una colusión al no investigar y actuar”, a pesar de que ya se cuenta con una legislación que permite hacerlo.
El hecho de que los tratantes de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se inmiscuyan en el ámbito político y público, “da cuenta de por qué no se puede avanzar frente a esta problemática”, por eso “muchas veces hemos dicho que estamos frente a un Estado proxeneta”, subrayó.
Pese a que se cuenta con política pública y con un marco legal, simplemente no se avanza “porque -recalcó- varias funcionarias y funcionarios están metidos en estas redes, incluso como cosumidores, al final se benefician de esta problemática que niegan y en la que ponen trabas” para investigar y sancionar.
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Méndez Serrano remarcó que uno de los factores que abona a que exista una continuidad de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, es que en la actual administración estatal se ha sostenido una acción sistemática de negación y minimización de este delito.
Subrayó que con este contexto no se podrá ir más allá si no se combate desde las causas y acentuó que debe haber un proceso de profesionalización de servidores públicos, para que la atención y protección a víctimas sea adecuada, así como para que haya una sanción ejemplar a las redes. Planteó que si la actuación de de autoridades y servidores públicos es deficiente, también deben imponerse sanciones.
Añadió que una causa fundamental de la trata con fines de explotación sexual, “es la mentalidad masculina que genera la demanda de las mujeres víctimas y es también la mentalidad masculina la que opera el control de las redes de trata”.
Por tanto, expuso que es necesario impulsar un proceso de educación y reeducación “para que los hombres puedan vernos a las mujeres como sus iguales y como seres humanos con dignidad, no somos mercancía, no estamos para su placer sexual, somos personas y tienen que empezar a vernos así”.
