El Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (CFJG) calificó de incoherente la negativa del gobierno estatal sobre la existencia de delincuencia organizada en Tlaxcala, “cuando claramente operan redes de tratantes” de mujeres y niñas “en medio de toda impunidad y en presunto contubernio con agentes de Estado”.
De esta manera, cuestionó que las autoridades se empeñen en desconocer la problemática, sobre todo el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González, durante su comparecencia ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso local, la semana pasada.
A través de un comunicado de prensa, el CFJG repasó que ese funcionario afirmara que “no hay delincuencia organizada en Tlaxcala”, y remarcó que es inadmisible que el también presidente del Consejo Estatal contra la Trata “muestre tal desconocimiento” y que siga sin convocar a la elaboración y aprobación el Programa Estatal en la materia 2021-2022.
Expuso que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que este delito ha disminuido 83 por ciento en la entidad y que la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, señaló en octubre de 2021 que “de los 60 municipios, solo en 15 se han detectado indicios”; mientras que la presidenta municipal de Tenancingo, Micaela Guzmán, en noviembre pasado negó la existencia de este ilícito en su jurisdicción.
“El terrible desconocimiento, desinterés y/o conveniencia del funcionariado encargado de atender la trata de mujeres y niñas no puede ser aceptado por la ciudadanía. No se reduce al número de denuncias interpuestas… hacerlo implica una clara ignorancia y confabulación patriarcal para permitir la continuidad del problema”, subrayó.
Aseveró que el no reconocer que hay redes de tratantes con operaciones en Tlaxcala y negar delincuencia organizada, “implica tener nula capacidad para hacerse cargo de esta expresión grave de violencia”.
Recordó que en días pasados se dio a conocer la sentencia por hasta 39 años de prisión (emitida por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos) a cinco integrantes de la red de proxenetas de la familia Meléndez Rojas, del municipio de Tenancingo.
“Si bien lo anterior es relevante en materia de acceso a la justicia para las víctimas, evidencia nuevamente que hay un problema patente en el estado que sigue sin ser atendido de manera adecuada e integral”, anotó.
Acentuó que los testimonios de las víctimas que denunciaron esta red, difundidos en diarios internacionales y nacionales, “indignan”, pues muestran violencia, engaños, abusos sexuales, amenazas, control y secuestro; además, reiteran los mecanismos de enganche y el impacto en las mujeres y niñas, “que hemos denunciado desde hace más de tres lustros desde este Centro”.
También, “pueden ser la vivencia de muchas otras” si no se realizan estrategias claras y efectivas que prevengan “esta grave violación” a derechos humanos que es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
“La noticia reitera que el estado continúa siendo territorio de alerta por la operación de tratantes y por la existencia de las víctimas a quienes han sometido”, dijo.
En 2021 -agregó- al emitirse la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Tlaxcala, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), refirió que Tlaxcala se encuentra “entre las entidades con los índices más altos de trata de personas y explotación sexual”; sin embargo, “el problema es evidente, mientras que la atención que se le da es absurda”.
Por tanto, el CFJG urgió a que el Consejo Estatal contra la Trata haga el trabajo que le corresponde y apruebe el programa, con la participación de la sociedad civil y academia, y que tome en cuenta la prevención, particularmente la implementación de políticas públicas de reeducación masculina que desestructuren la generación de hombres explotadores o demandantes, ya que es un eje esencial para evitar la proliferación de proxenetas y de víctimas.