“De la fregada”, expresó Catalina Flores Hernández, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), al calificar la situación del campo tlaxcalteca, por lo que urgió a cambiar la forma de ejecución de políticas públicas agropecuarias, de lo contrario, se condena a la tierra “a seguir siendo abandonada”.
Aunado a esta circunstancia, la pandemia de Covid-19 “solo vino a acentuar más la pobreza y la desigualdad, fue la gota que derramó el vaso en contra de este sector, de sus hombres y de sus mujeres”, resaltó.
Lamentó que pese a la problemática que desde hace varios años arrastra la agricultura, no solo a nivel estatal sino nacional, en este año “no hay nada de apoyos, tristemente”.
Las lluvias no fueron parejas –apuntó–, en la parte sur no nos fue tan mal, afortunadamente, pero en varias zonas de Tlaxco voltearon la siembra de maíz para sustituirla por avena o cebada “y para que no queden en total indefensión”. Dijo que en Calpulalpan y Españita también hubo daños.
Agremiados a la CNPA han reportado una afectación de aproximadamente 70 por ciento, pues “el temporal fue malo y tardío”; además, los productores “ni mejoralitos han recibido por parte del gobierno para poder sobrevivir”, anotó.
Subrayó que ante los problemas graves se busca la soberanía alimentaria, “pero a este paso y sin apoyo, es más difícil”. Una muestra de la falta de atención es que en este año no ha operado el programa de fertilizante planteado para ocho municipios de Tlaxcala “y hasta ahora sigue en standby”.
Mientras el apoyo del gobierno del estado “sigue siendo mínimo, porque solamente se otorga un subsidio de 25 por ciento y con desorganización porque no le tocó a todos. Hubo gente que se formó y la regresaron porque no alcanzó”.
Se ha solicitado mayor apoyo a la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), pero responde “que ya no hay cómo y que con dinero del gobierno estatal no se puede cubrir toda la demanda de la gente”, indicó.
Por otra parte, “el famoso seguro agrícola” se entrega a criterio de la aseguradora y del gobierno, “es obvio que no van a calificar al 100 por ciento las pérdidas”, por lo que en este caso se deben revisar las reglas “y ser más sensibles en la manera de evaluar afectaciones, que no sean tan cuadrados”.
Insistió en que el presupuesto para indemnizar a campesinos perjudicados en sus cultivos por fenómenos climatológicos, debe incrementar, al tiempo de ser revisado y aplicado correctamente, pues la situación es crítica”.
Es necesario que los gobiernos estatal y federal cambien la forma de aplicar las políticas públicas en materia agropecuaria “y ojalá se tomen la molestia de revisar lo que pasa en el campo, de lo contrario estamos condenados a que siga el abandono de la tierra y a que no se trabaje, a seguir dependiendo de las importaciones, eso es preocupante”.
No queremos –añadió– que los campesinos busquen la alternativa de emigrar al norte para poder sobrevivir, porque acá no hay condiciones de producir ni para el autoconsumo.