A cerca de 500 millones de pesos hacienden las observaciones por presuntas abusos e irregularidades en la aplicación de los recursos que detectó el OFS a los más de 100 entes públicos en la cuenta pública del último semestre del año 2024, en los que se incluyen a exautoridades municipales y actuales alcaldes. Los excesos y abusos en el uso de fondos públicos son la constante y lo peor es que éstos persisten desde el primer día de las nuevas administraciones y en algunas áreas del gobierno estatal.
Por desgracia, en Tlaxcala, el dinero público se desvanece como si tuviera alas. Años de observaciones, auditorías y señalamientos por desvíos multimillonarios no han generado más que una larga cadena de archivos muertos y una pasmosa ausencia de responsables.
Suman 192 denuncias penales presentadas por esos excesos que duermen el sueño de los justos. Parece que el sistema judicial en la materia está hecho para alentar la impunidad presupuestal.
La fiscalización en Tlaxcala se ha convertido en un acto casi decorativo que no trasciende más allá de escarnio social, que al final, el manto protector gubernamental, salva.
Pese a que cada año se detectan irregularidades al por mayor, la consecuencia más recurrente es la indiferencia. No hay autoridades ni funcionarios sancionados. Salvo contadas excepciones que son usadas como mazo político para controlar al rebaño.
Las cifras hablan por sí solas. Entre 2018 y 2022, la ASF reportó posibles daños al erario por más de 3 mil millones de pesos en Tlaxcala. Sin embargo, más allá de las recomendaciones y los plazos para solventar, pocas veces se llega a una denuncia formal ante las Fiscalías o a una investigación sólida que termine en sentencias.
En los municipios, cada trienio comienza con la promesa de limpiar la casa, pero termina heredando un mayor desorden; en suma, un cochinero fiscal. Y mientras tanto, las exautoridades siguen activas en la vida política, muchas veces recicladas en nuevos cargos, como si saquear el presupuesto fuese un mérito en la escalera del poder.
De esto, el Congreso ha sido omiso o cómplice. Nunca exige resultados tangibles al OFS y a las propias fiscalías. La Comisión de Finanzas opera más como una ventanilla de trámites que como un órgano de control riguroso y su actual presidente se hunde ante el repudio de sus pares. Todo lo anterior, le puedo asegurar, no es gratuito.
Todo parece estar diseñado para que el tiempo borre las huellas del desfalco de recursos. Es urgente romper el ciclo de la impunidad presupuestal.