La impunidad es la madre de la injusticia y esa condición es por la cual autoridades y ex servidores públicos de todos los niveles han hecho de la malversación de recursos públicos una veta para acceder a la riqueza.
Todos los excesos cometidos por las autoridades locales, ya sea de los tres poderes del estado, municipios y organismos autónomos, siguen siendo una lastimosa burla para la sociedad, porque más de 5 mil millones de pesos se han dilapidado, en 10 años, en la corrupción.
En una década, cerca de una cuarta parte del presupuesto total anual del estado de Tlaxcala se ha ido en excesos, abusos, desvíos, malversación, despilfarro, pero ninguno de los responsables ha sido sancionado. La impunidad sigue siendo el cheque en blanco solo con acceder al poder.
Información que se desprende de los informes de cuentas públicas del OFS dan cuenta que en el año 2013, las arcas estatales registraron un daño por 746 millones 532 mil 967.9 pesos, mientras que un año después la cifra llegó a 983 millones 108 mil 27.8; en 2015, los montos se ubicaron en 439 millones 440 mil 154.18 pesos y para el siguiente ejercicio el daño se contabilizó en 725 millones 22 mil 686.29 pesos.
Esa lastimosa realidad no cambió, ya que para el año 2017 la afectación fue de 634 millones 294 mil 870.60, para 2018 el desfalco ascendió a 561 millones 498 mil 949.42 pesos; en 2019, tan solo con respecto a los municipios, las observaciones por irregularidades sumaron más de 480 millones de pesos, mientras que en 2020 las cifras superaron los 600 millones de pesos y en el ejercicio 2021, el daño patrimonial fue de al menos 744 millones 843 mil 106.64 pesos.
Casos de nepotismo, aviadores, pagos de bacanales, comidas, viajes y otros lujos que se dieron nuestras autoridades, ya salieron a la luz pública.
Es urgente que los millonarios abusos pasen del escarnio público, del patíbulo de la barandilla de los medios de comunicación y de las declaraciones políticas, a las instancias judiciales, porque mientras persista la impunidad, la historia se repetirá cada año y los abusivos se siguen burlando del pueblo y de la justicia.
Mientras, los diputados se enfilan a vivir su crisis con la designación de la presidencia de la Junta de Coordinación; la imposición de la morenista Marcela González podría generar una profunda crisis de gobernabilidad.