Impunidad y una grave desconfianza impera respecto al ejercicio de los recursos públicos federales asignados a Tlaxcala, ya que tan solo en dos años se han detectado irregularidades en la aplicación y comprobación de la módica cantidad de mil 852 millones 15 mil 500 pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sus reportes de los ejercicios fiscales 2021 y 2022, ha dado cuenta del bacanal en el que han incurrido nuestras autoridades estatales, incluidos los integrantes de los tres poderes como son Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como municipios.
Si no es por acción es por omisión, pero nuestras autoridades han generado un quebranto a las arcas públicas, porque impunemente han incurrido en pago de aviadores, obras inexistentes, servicios fantasmas, bienes muebles que nunca recibieron, en fin, una serie de anomalías en las cuales se ha ido el dinero público.
En el año 2021 fueron mil 396 millones 215 mil 500 pesos observados por la ASF como daño patrimonial y de los cuales fueron responsables autoridades estatales y municipales que ejercieron el cargo hasta el 30 de agosto de esa anualidad y las administraciones que iniciaron funciones el 31 de agosto de ese año, así como magistrados del Poder Judicial y funcionarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Los excesos u omisiones no cambiaron. La revisión recién dada a conocer por el ente fiscalizador da cuenta de un daño al patrimonio de la hacienda pública de la Federación por al menos 417 millones de pesos, generados por la actual administración estatal.
Mientras que las autoridades de los municipios de San Pablo del Monte, Zacatelco, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Natívitas también generaron daños, en conjunto, por 38 millones 898 mil 455.24 pesos, solo del ejercicio fiscal 2022.
Sin embargo, la impunidad es lacerante. Todos los responsables de esos quebrantos sabían de las anomalías y no han hecho mucho para prevenirlas, tampoco para erradicarlas. No hay sanciones, ni destituciones ni procesos legales en contra de los responsables, lo que hace pensar que hay una complacencia pactada para obtener beneficios personales.
En cambio, muchos de los responsables, cínicos, buscan la reelección, acceder a un cargo electoral o mantenerse en un puesto público para seguir gozando de la impunidad y de los beneficios que da esta, para desgracia del pueblo bueno.