La diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano presentó ante el pleno del Congreso local una propuesta de adición al texto constitucional de Tlaxcala para garantizar el derecho humano a la buena administración pública.
Este jueves, durante la sesión ordinaria, la legisladora argumentó que dicho derecho, ya reconocido en documentos internacionales como la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, debe tener cabida en el marco normativo estatal como un instrumento efectivo contra la corrupción y un medio para dignificar la relación entre el Estado y las personas.
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La propuesta legislativa plantea la adición del artículo 19 Ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el que se reconozca expresamente este derecho y se establecen los principios rectores que deben observar todas las dependencias e instituciones públicas, como honestidad, profesionalismo, legalidad, eficacia, eficiencia, continuidad, calidad, uso de tecnologías de la información, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
De acuerdo con la exposición de motivos, el derecho a una buena administración implica una actuación digna y respetuosa por parte de las autoridades, además de que los servicios públicos deberán prestarse bajo criterios de accesibilidad, prontitud, asequibilidad, regularidad y participación ciudadana informada, elementos fundamentales para garantizar los derechos de las personas y su desarrollo en sociedad.
“Las instituciones por sí solas no eliminan la corrupción. Necesitamos una administración pública centrada en la persona, que escuche, que responda, que rinda cuentas”, sostuvo la legisladora desde la máxima tribuna del Congreso.
El contenido de la reforma se alinea con los principios establecidos en el artículo 1 de la Constitución Federal, especialmente aquellos derivados de la reforma constitucional del año 2011, en materia de derechos humanos, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos, en apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este contexto, Flores Lozano argumentó que aunque el derecho a la buena administración no se encuentra expresamente consagrado en la Carta Magna nacional, sí forma parte del parámetro de regularidad constitucional, lo que permite su reconocimiento e incorporación a nivel local, como ya ha ocurrido en entidades como Yucatán y la Ciudad de México.
“Los ciudadanos ya no pueden ser vistos como simples receptores pasivos de servicios públicos, sino como protagonistas de los asuntos de interés general”, indicó la diputada, citando el espíritu de la Carta Iberoamericana.
Asimismo, la iniciativa contempla medidas concretas para garantizar el debido procedimiento administrativo, como la obligación de las autoridades de otorgar audiencia previa antes de cualquier resolución privativa, resolver dentro de un plazo razonable, actuar con imparcialidad y equidad, y garantizar el acceso al expediente, respetando siempre la protección de datos personales.
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La propuesta de la perredista fue remitida a las comisiones ordinarias para su análisis, estudio y la emisión del dictamen correspondiente.
