Martes, septiembre 28, 2021

Tribunal declara improcedente el amparo solicitado por Cabrera contra destitución en el IAIP

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José David Cabrera Canales, ex comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de un recurso de reclamación, para combatir su destitución en el cargo que desempeñó en ese órgano.

Ello, debido a que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito declaró fundadas dos quejas (163/2019 y 167/2019) presentadas  por el Congreso local en contra de la admisión de su solicitud de amparo por parte del Juzgado Primero de Distrito.

Cabrera Canales señaló que aún no ha sido notificado de esta resolución, pero que acudió a la sesión celebrada por este órgano jurisdiccional el jueves pasado, en la que acordó que no entraría al análisis de fondo para determinar si hubo o no violaciones a derechos humanos durante el proceso legislativo.

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Solo puntualizó que la destitución es una decisión soberana del Congreso por lo que el amparo no procede, de ahí que impide al juzgado estudiar el caso, añadió.

Dijo que, entre otras cosas, los magistrados del Tribunal señalaron “que no es necesario revisar el quórum (legal del pleno en la sesión de fecha 18 de julio pasado), ni el procedimiento”, pues aludió al artículo 61 fracción VII de la Ley de Amparo que establece las causales de improcedencia.

Ese numeral precisa que el juicio de amparo “es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los estados o de las respectivas comisiones o diputaciones permanentes en declaración de procedencia o en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”.

Apuntó que con esta determinación el juez no podrá continuar con el procedimiento de la solicitud de amparo, “por lo que tendré que presentar un recurso de reclamación ante la SCJN”, pero afirmó que en caso de que también resuelva en el mismo sentido, recurrirá a organismos internacionales, por considerar que el Congreso actuó de manera ilegal y arbitraria y vulneró derechos humanos al transgredir el debido proceso.

Reconoció que será difícil que alguno de los tres ex comisionados (tanto él como Francisco Morones Servín y Marlene Alonso) tenga éxito en el combate a la deposición del cargo en el IAIP en órganos jurisdiccionales del país, aunque aseveró que en lo personal este fallo del Tribunal no lo ve como una derrota, pues ya se avizoraba este escenario.

Lamentó que la legislación en materia de amparo permite que la Legislaciones “hagan lo que quieran, pues si quieren destituir a cualquier servidor público sin un debido proceso  a través de un juicio político como una decisión soberana, discrecional, lo pueden hacer”.

Acentuó que ese “es el peligro y el riesgo que se tiene… es muy grave; que se cuide cualquier servidor público porque un grupo de diputados que no formen parte de la comisión responsable de llevar el asunto, como fue el caso de Francisco Morones y el mío, pueden ser depuestos con otro dictamen y sin los votos necesarios”. Recalcó que continuará la batalla legal para demostrar que el Poder Legislativo incurrió en supuestas irregularidades durante el procedimiento de destitución.

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