La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala, señala en su artículo 44: “El Consejo diseñará el proyecto del Programa Estatal, que definirá la política y estrategia estatal frente a los delitos en materia de trata de personas”. La ley indica también que las autoridades responsables de implementar el programa deben crear indicadores sobre las acciones que implementen, los cuales deben ser de dominio público y difundidos (Art. 46). Además, se establece la obligación de elaborar un informe anual sobre los resultados obtenidos de la aplicación del Programa Estatal contra la Trata de Personas (Art. 45).
El actual gobierno está casi por cumplir un año al frente de la actual administración y no podrá dar el informe establecido en el artículo 45, simple y sencillamente porque el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, ni siquiera ha aprobado el Programa Estatal contra la Trata de Personas del actual gobierno. Lo anterior a pesar de que a principios de marzo de 2022, sociedad civil y academia le hicimos llegar formalmente a quienes integran el Consejo una propuesta de dicho programa, la cual está “basada en la evidencia desde la experiencia acumulada y responde a la realidad concreta del estado de Tlaxcala”, como lo señaló la delegación del Comité del Observatorio Latinoamericano y Caribeño sobre Trata y Tráfico de Personas en su visita a Tlaxcala el 9 de julio del presente año.
La sociedad civil y la academia hemos insistido en que la política pública para enfrentar la trata de mujeres debe ser integral y continua. Hemos insistido en detener las prácticas gubernamentales que realizan acciones aisladas y sin impactos reales sobre la problemática, como son las capacitaciones que no demuestran mejoras en la comprensión del problema y la atención a las víctimas, o la difusión de información que no refleja la realidad local y que no genera cambios culturales que desestructuren la problemática.
La propuesta presentada por la sociedad civil y la academia se compone de cuatro ejes, a saber:
Prevención. Tiene por objetivo: contribuir a desestructurar las causas sociales que originan la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Atención. Cuyo objetivo es: acompañar de forma integral a víctimas de trata de personas y mujeres en situación de prostitución desde la perspectiva de género y derechos humanos.
Sanción y judicialización. Objetivo: mejorar la atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de trata.
Seguimiento y evaluación. Objetivo: establecer una Contraloría Social para el Programa Estatal contra la Trata de Personas, a través de procesos participativos ciudadanos y académicos que permitan el monitoreo, seguimiento, evaluación y fortalecimiento del Programa.
Cada eje establece objetivos específicos con sus indicadores de impacto (es decir, los cambios reales de la problemática), estrategias a desarrollar y sus líneas de acción, los productos esperados, los indicadores de cumplimiento, los medios de verificación, los plazos y las instituciones responsables.
El próximo 25 de agosto sesionará el Consejo Estatal contra la Trata de personas y un resultado concreto debe ser la aprobación del Programa Estatal contra la Trata, ello en congruencia con la grave situación que el propio gobierno reconoció en su Plan Estatal de Desarrollo, donde textualmente señala: “Tlaxcala tiene la peculiaridad de que a pesar de ser una de las entidades federativas más seguras, al mismo tiempo cuenta con redes de trata de personas importantes a nivel nacional. El estado no solo representa uno de los principales pasos de tratantes de personas, sino que es también un lugar donde se forman tratantes, porque los jóvenes y niños aspiran a serlo cuando sean adultos”. Si el 25 de agosto el Consejo no aprueba el Programa, sabremos que no es un gobierno aliado de las mujeres, como lo ha señalado, sino que estamos ante un gobierno más que simula y que está a favor del sistema proxeneta.
*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
