Impostergable que candidatos ganadores asuman obligaciones ante la trata de mujeres y contaminación del río, por ser violencias extremas: CFJG

En la antesala de las elecciones del 2 de junio, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés (CFJG) requirió a quienes resulten electos que asuman “de manera impostergable la responsabilidad y obligación”  frente a las problemáticas de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la contaminación del río Atoyac-Zahuapan, “en representación real de la ciudadanía”.

Consideró que 2024 es un año electoral y será fundamental que dentro de los discursos de candidatos y candidatas a puestos de elección popular, la ciudadanía les exija una postura clara ante estas dos violencias extremas.

La también activista presentó el XXII informe de actividades de esta asociación civil, bajo el lema “Lucha colectiva, caudal de agua viva”, y remarcó que el trabajo del CFJG parte de una realidad sobre la trata de mujeres y la  de la contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac, las cuales “se siguen profundizando”, ante un discurso gubernamental que minimiza la gravedad de  ambos casos, como si desaparecieran al dejar de nombrarlas.

Por ello, remarcó que estas dos situaciones ubican a Tlaxcala “como foco de emergencia sanitaria y ambiental, por un lado, y como corredor de trata de mujeres y niñas y Estado proxeneta, por el otro, cuyas consecuencias son cada vez más lacerantes para quienes habitan este territorio”.

Sin embargo, resaltó que con base en un análisis hemerográfico, en lo que va de la presente administración estatal han sido detenidas 18 personas acusadas de tratantes, y que a través de solicitudes de información, se obtuvieron datos que revelan que entre 2021 y 2023 se otorgaron 65 permisos de operación a bares, hoteles, moteles y centros botaneros en 14 municipios, espacios donde se acentúa la explotación sexual.

Reprochó las declaraciones institucionales en torno a que la trata de mujeres y niñas ya no es un problema en Tlaxcala, entre ellas, la de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien declaró que la incidencia ha disminuido, por lo menos en las denuncias.

“Asumir que la falta de denuncias de mujeres que han sido víctimas del delito de trata significa que el problema no existe, es quedarse con una mirada muy muy corta de parte de las autoridades ante la gravedad de esta situación, evidenciando la ausencia de conocimiento y la irresponsabilidad de su actuar”, reiteró.

Del año 2012 a 2022, el CFJG documentó, con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que 96 por ciento de víctimas que deciden denunciar “se quedan en total impunidad, no hay acceso a la justicia”, apuntó.

Por tanto-indicó- es obvio que van a dejar de acudir al Ministerio Público, “porque el riesgo que ellas corren es sumamente alto”; por ello, basarse en el número de denuncias “es no comprender la problemática que se vive permanentemente”.

Acentuó que el Poder Legislativo aprobó para 2024 “un leve incremento” en el  presupuesto para atención de la trata, pero  en rubros que no se relacionan a este tema.

Y -destacó- a 18 meses de la aprobación del Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres, impulsada desde el CFJG, otras organizaciones y la academia, aún no se identifican acciones gubernamentales contundentes.

Instó a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para que sea aprobado un programa educativo contra la trata e implementado como una política pública que realmente desestructure las violencias y este delito como una forma extrema.

Enfatizó que al ser considerado Tlaxcala un “estado proxeneta”, no se puede perder de vista la relación que existe entre esta condición y la clasificación de la entidad como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), por la contaminación del río Atoyac-Zahuapan, pues “en conjunto generan un contexto de violencia estructural en un modelo extractivista”

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Remarcó que las políticas gubernamentales permiten la extensión de la devastación social ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac lo cual se  constató con el impulso de la Ley de Aguas, discutida en 2023 y frenada momentáneamente por la organización de la sociedad civil.

Dijo que esa propuesta mantenía una lógica de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, por lo que requirió a las y los diputados “no trabajar conforme a lo que les indique el Poder Ejecutivo estatal, el que ha enviado una iniciativa de reforma en la materia”. Este informe del CFJG se llevó a cabo frente a las instalaciones de esta asociación civil.