Con la finalidad de abatir las agresiones que enfrentan maestros, docentes e integrantes del sector educativos, el pleno del Poder Legislativo reformó el Código Penal local al establecer penas de cárcel hasta por 66 años a quien cometa homicidio en contra de una persona trabajadora de la educación.
Además, determinó penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a quienes presenten denuncias basadas en hechos falsos o inexistentes en contra de los trabajadores de la educación, cuando los mencionados delitos sean cometidos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
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De acuerdo al dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Jaciel González Herrera “este reconocimiento en normas penales busca visibilizar conductas a través de la tipificación, con el fin de proteger el bien jurídico de la dignidad y reputación, así como la vida e integridad de los trabajadores de la educación”.
Por ello, acordaron adicionar a los artículos 216 Bis, 231 Ter y 237 Quater, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que quien “cometa el homicidio de una persona trabajadora de la educación, y el delito se haya consumado en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la pena impuesta se incrementará en un tercio… cuando las lesiones sean cometidas en contra de persona trabajadora de la educación, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se incrementará en un tercio la pena impuesta”.
Actualmente, la legislación establece que quien “cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión y multa de mil cuatrocientos cuarenta a tres mil seiscientas Unidades de Medida y Actualización”.
“Lo anterior se concatena con la teoría de la prevención general, esto en razón de que con el reconocimiento de estas disposiciones se busca que los efectos sean destinados a la generalidad de la población; en su aspecto negativo, el imponer sanciones a tipos penales como los propuestos influye directamente en disuadir a los posibles infractores, mientras que en un aspecto positivo, la vertiente se enfoca en que la pena puede emplearse para inculcar los valores del sistema jurídico en la población, así como para restablecer la confianza y el respeto en la norma jurídica”, refiere el dictamen.
Detallaron que el reconocimiento de agravantes a tipos penales ya existentes atiende a “promover una cultura de paz y seguridad para los trabajadores de la educación, buscando prevenir su incidencia, y salvaguardando entre otros bienes jurídicos tutelados el derecho a la educación, la vida y la integridad y la debida procuración y administración de justicia”.
De esta manera, el Poder Legislativo avaló la propuesta que impulsó la bancada del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (Panalt) al reconocer la importancia de la labor docente en el país, y particularmente en el Estado, pues “la docencia además de implicar la impartición de enseñanzas a los alumnos, es la guía y formación de las personas que tienen a su tutela, de esta forma, la docencia es una herramienta fundamental del Estado para crear sociedades que puedan impulsar su mismo progreso y desarrollo”.
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Con la adición de una conducta típica y dos disposiciones agravantes de delito, que es la presentación de querella o denuncia basada en hechos falsos o inexistentes, y causales agravantes para los delitos de homicidio y lesiones en contra de personas trabajadoras de la educación; el Poder Legislativo pretende prevenir la consumación de estas conductas, que ponen en riesgo la integridad de quienes ejercer la función docente en Tlaxcala.
