Tras calificar como ilegal la determinación de la mayoría del cabildo de Contla de Juan Cuamatiz de suspender, por 90 días, a Alejandro Flores Xelhuantzi, como presidente de comunidad de la segunda sección del municipio de Contla, la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, Sandra Aguilar Vega sostuvo que la medida deberá ser revocada pues corresponde, únicamente, al Poder Legislativo, proceder a la suspensión o revocación de mandato de las autoridades emanadas del voto popular.
Incluso, adelantó que tanto la presidenta de Contla de Juan Cuamatzi, Ivonne Roldán Xolocotzi, como regidores, demás integrantes del Cabildo que respaldaron esa acción, podrían ser sujetos de responsabilidad; para ello, corresponderá al afectado como a los pobladores de esa comunidad, iniciar los procesos jurisdiccionales correspondientes.
En entrevista, la legisladora priista sostuvo que la decisión de la mayoría del Cabildo vulnera el principio de representación popular, pues sólo el Congreso local, a través de un procedimiento jurídico establecido en la ley, tiene facultades para suspender o revocar el mandato de una autoridad electa por voto directo.
“No se puede destituir o suspender a un presidente de comunidad mediante una votación del cabildo. Ellos están rebasando sus funciones. El presidente de comunidad fue electo por voto popular, no es un subordinado del ayuntamiento”, puntualizó la diputada.
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Aguilar Vega reiteró que hasta el momento, a la Comisión de Asuntos Municipales, no ha llegado ninguna queja formal ni expediente relacionado con el caso, aunque reconoció que los hechos encendieron “focos rojos” por la posible generación de ingobernabilidad en otros municipios, si este tipo de acciones se replica.
“Esto puede salirse de control. No podemos permitir que, por no coincidir políticamente con la alcaldesa, un representante comunitario sea removido sin derecho a defensa, sin procedimiento legal alguno. Eso afecta directamente a la comunidad y a la sociedad en su conjunto”, advirtió.
La legisladora dejó en claro que quienes respaldaron esta acción podrían enfrentar consecuencias jurídicas. “Claro que pueden ser sujetos de responsabilidad, pero eso corresponde al presidente afectado y a la ciudadanía, quienes deberán iniciar los procesos legales ante las instancias correspondientes”, subrayó.
Como se informó previamente, Alejandro Flores Xelhuantzi promovió un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) para impugnar la sanción de 90 días que le fue impuesta sin previa notificación, audiencia ni sustento legal. La medida fue adoptada durante la décima tercera sesión ordinaria del cabildo y transmitida en vivo por redes sociales, donde la propia presidenta municipal propuso primero una suspensión de 30 días, que amplió de inmediato a 90.
Aguilar Vega sostuvo que su comisión actuará con responsabilidad en caso de que el tema llegue al Congreso. “Mi deber será mediar, escuchar y cuidar que prevalezca la legalidad. Hoy más que nunca debemos proteger la institucionalidad en los municipios, pero ya serán las instancias legislativas correspondientes las que asuman la resolución de este caso”, concluyó.
