Ilegal y hasta chapucero resultó ser el secretario general del Sindicato 7 de Mayo, Edgar Tlapale Ramírez, quien, como en el viejo régimen de los sindicatos de representantes charros, se pretende erigir como líder de la burocracia solo porque tuvo el voto “a mano alzada y por petición popular” de sus incondicionales.
Las muestras de inconformidad que pesan de la base trabajadora de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de algunos organismos autónomos y ayuntamientos, en contra de Tlapale Ramírez y su camarilla, fue acallada con un desayuno y con la “sorpresa” de que el señor ampliaba su mandato por unos años más.
Sin embargo, él y los suyos saben que su decisión es ilegal y atenta contra los nuevos principios aprobados por el Congreso de la Unión que van en contra de los sindicatos antidemocráticos y de aquellos líderes caciquiles.
De acuerdo con la adición al artículo 357 bis de la Ley Federal del Trabajo, publicada el 1 de mayo de 2019, se establece que el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a: elegir libremente sus representantes.
Además, el numeral 358 de este mismo ordenamiento establece que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas, los cuales implican las siguientes garantías: Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género… El periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado.
Todo lo anterior fue vulnerado por Tlapale Ramírez y sus secuaces; la elección, “casi por aclamación” del nuevo controlador del sindicato de burócratas de Tlaxcala, se dio fuera del proceso legal, así que cualquier impugnación podría ser suficiente para echar abajo esta imposición caciquil.
A todo ello, sería bueno saber la postura que adoptarán los patrones, como son gobernador, diputados, alcaldes y titulares de organismos autónomos, quienes conocedores de la ilegalidad del proceso de reelección o ampliación de mandato de Tlapale Ramírez, si se atreverán a validar la ilegal continuidad de éste, porque hay que recordar que todos ellos se comprometieron a respetar y hacer respetar la Constitución, así como todas y cada una de las leyes que de ésta emanan.