Ilegal e inconstitucional es a todas luces la convocatoria aprobada por la mayoría de los diputados locales para integrar la lista de candidatos a participar en el proceso extraordinario de magistradas y magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJ), de Justicia Administrativa (TJA) y de Conciliación y Arbitraje (TCA), así como de los jueces del Poder Judicial, con lo cual abren la ruta de las impugnaciones.
Un puñado de diputados, en lo oscuro y sin el aval del pleno de la LXV Legislatura local, por sus pantalones e intereses, determinaron quienes de los actuales magistrados y jueces deberán ir a una elección para definir su permanencia o no en dichos órganos jurisdiccionales.
Los legisladores, con tal de quedar bien con su jefa, violaron diversos principios como los de constitucionalidad, competencia, legalidad y máxima publicidad, ya que fueron los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales quienes definieron los nombres de las personas que irán a elección para definir su continuidad en sus cargos sin sujetarse a regla o procedimiento alguno previamente definido, cuando esa acción le corresponde al Congreso, entendido éste como el pleno del Poder Legislativo.
Además, violentaron lo establecido en la Constitución, ya que en su reciente reforma en materia del Poder Judicial, en su segundo transitorio establecieron que todo el proceso de definición de los espacios y personas a elegirse, debe regirse por las reglas que se definirían en la respectiva convocatoria y ¡vaya sorpresa!, en lo oscuro, violando el principio de máxima publicidad, unos cuantos se adelantaron y supuestamente, a través de una tómbola, lo definieron arbitrariamente, hecho de la cual fungió como testigo y aval, el ex secretario de Gobierno priista en funciones de notario, Aarón Pérez Carro.
De todo eso, varios diputados consultados, dijeron desconocer el mecanismo y quienes lo autorizaron.
Con todo ello, los diputados violentaron la legalidad y la Constitución y, por tratarse de un proceso electoral, le dieron al traste con los principios rectores en la materia como máxima publicidad, constitucionalidad y certeza, de ahí que cualquiera de los jueces o magistrados que se sientan afectados por la decisión de un puñado de congresistas, o cualquier ciudadano, puede promover un juicio electoral que fácilmente ganaría. Solo falta ver quién o quiénes son los valientes.
Los diputados abrieron la posibilidad de que el proceso electoral extraordinario se manche y empiece con el pie izquierdo; y aún más, confirman el sello de la imposición y los agandalles de la mayoría que integra la Cuarta Transformación.