Tratamientos que podrían poner en riesgo la dignidad e integridad física de las personas, retenciones contra la voluntad de estas y falta de licencia de funcionamiento, entre otras inconsistencias, ha detectado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en centros de rehabilitación de 24 horas, de las cuales dará cuenta en el informe general que dará a conocer en septiembre próximo.
Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta estatal de este órgano, señaló que que la CEDH también debe intervenir en aquellos lugares donde, no precisamente por una falta administrativa o hecho con aparencia de delito, las personas se encuentran privadas de su libertad.
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En este sentido, citó a aquellos espacios de rehabilitación para personas con problemas de adicción, por lo que ya se prepara un informe general de los centros de rehabilitación de 24 horas.
Entre los lugares con esta modalidad se encuentran varios que operan de manera externa, pues brindan atención para que la población en esta condición restablezca su vida social.
“Pero también tenemos que revisarlos y lo vamos a hacer en este año”, por lo que en este momento se lleva a cabo la fase de investigación, a efecto de que en el mes de septiembre próximo se den a conocer los resultados correspondientes, indicó.
La ombudsperson anotó que la intención es que en caso de identificar acciones concretas que competan a los ayuntamientos, las atiendan y tengan tiempo para trabajar en ello.
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Respecto de este tema de personas que se encuentran albergadas en un Centro de Rehabilitación -apuntó- sí hemos recibido quejas, solo que hay que tomar en cuenta que se trata de espacios que en su mayoría son privados, entonces nosotros no tenemos facultades para entrar a investigar.
“No obstante, hacemos visitas, revisamos las condiciones de las personas que se encuentran ahí y hacemos observaciones a las autoridades que sí tienen competencia”, añadió.
Adelantó que en algunos casos se ha detectado que el tratamiento que reciben las personas pudiera atentar contra su dignidad o integridad física; o bien, son retenidas contra su voluntad, pues no se les permite salir si no pagan una cuota.
“Son convenios que hacen entre particulares, pero aún así -enfatizó- no pueden retenerlos; en algunos centros hay maltrato físico y en otros se carece de licencia de funcionamiento” para ofrecer este tipo de atención.
“Estamos en ese proceso y tenemos previsto que entrando las nuevas autoridades municipales en funciones, se les hará de conocimiento este diagnóstico general para que empiecen a tomar acciones, desde luego, con la coadyuvancia de las demás autoridades”, acentuó.
