De último momento, la administración del ahora expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, realizó movimientos financieros poco claros e inexplicables, los cuales han causado un daño patrimonial a la institución, aseveró la nueva titular, Jakqueline Ordóñez Brasdefer.
Informó que este lunes inició oficialmente la entrega-recepción, ya que hasta el viernes 18 pasado Florencio Licona Pérez, presidente interino, daba continuidad a este proceso, pero fue suspendido una vez que ella fue designada por el Congreso local.
Dijo que a su llegada solicitó al Órgano de Control el comienzo de este procedimiento, por lo que fue instalada la comisión correspondiente con la presencia de Del Prado Pineda y sus representantes comisionados, para empezar este día con la revisión física del inventario, el cual también será cotejado por las personas que designó para esta labor.
Añadió que el próximo lunes será firmada el acta final, para abrir un periodo de observaciones, en caso de encontrar imprecisiones. Aunque, ya sostuvo una entrevista breve con la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Isabel Maldonado Textle, a quien solicitó la realización de una auditoría al ejercicio del 1 de enero al 17 de junio del presente año.
“Fue una inquietud de mi parte para que se transparente todo lo que estamos trabajando en este momento. Y sí, efectivamente, de existir alguna anomalía se va a presentar la denuncia correspondiente, o demandas civiles, o lo que resulte; nosotros venimos con el ánimo de hacer las cosas bien y sobre todo, transparentar tanto el recurso público como el trabajo que se realiza en la institución”.
A la pregunta sobre la disponibilidad de fondos para trabajar en lo que resta del año sin problemas, aseveró que ha encontrado algunos “movimientos no claros”, pero que no sabría especificar si se trata de anomalías.
“Los tenemos que precisar bien y encontrar la razón por la cual se hicieron esos movimientos de partidas y algunas cuestiones así; quiero esperar a que el Órgano me oriente en este caso, pero sí ha habido muchos. Tengo entendido que la ministración va siendo mensual”, acentuó.
Confió encontrar “finanzas salvables”, pese a que no ha entendido aún los motivos para la realización de esas acciones “de último momento e inexplicables” y sobre las que no está de acuerdo en que se hayan efectuado.
“Porque eso nos están causando un daño patrimonial a la institución; estamos tratando de obtener las evidencias como tales para proceder con una denuncia penal o administrativa, pero en lo que resulte se va a proceder”.
Señaló que no tiene con exactitud las cantidades erogadas, “pero lo que sí, es que no alcanza el recurso en este mes, tenemos algunos insumos que nos hacen falta de inmediato para terminar junio; estamos viendo la posibilidad de solventar lo mínimo, como papelería, y otros; esperemos que la partida de julio podamos administrarla un poco mejor”.
Dijo que el proyecto de presupuesto de 2022 estará en función del plan de trabajo y las condiciones de cada área, para hacer una buena petición y tener un buen ejercicio.
En cuanto a su plan de trabajo, particularmente el que estará orientado a reducir el índice de discriminación hacia sectores, como el de diversidad sexual, indígenas, migrantes en situación irregular, entre otros, respondió que desde años atrás la CEDH tiene programas de atención a grupos en situación vulnerable, incluidos infantes, personas con discapacidad, jóvenes y mujeres.
Están bien planteados –subrayó–, pero se van a reforzar las acciones, sobre todo las de prevención, pues mi objetivo es sensibilizar tanto a servidores públicos como a la población en general para que conozcan más en esta materia, “para que cuando sean víctimas de alguna vejación, acompañarlos en todo el proceso para que se les restituyan derechos”.
Anticipó que será creado un programa para atender a población originaria, pues actualmente no hay uno específico a este segmento; “vamos a invitar a aquellas comunidades indígenas o a sus representantes… pero los vamos a llamar, van a ser tomados en cuenta, vamos a trabajar de la mano”.
Asimismo, la presidenta contestó que privilegiará la conciliación, pues “no vamos a negociar los derechos humanos… si el caso lo amerita, que se restituyan cuando sean violados por alguna situación o servidor público y se repare el daño a la víctima, de eso se va a tratar… de resarcir, de garantizar, nos vamos a ir con ese rubro que son las obligaciones del Estado”.
Apuntó que le apostará a este modo de trabajar, “pero no vamos a olvidar aquellas situaciones graves que no hay forma de conciliar… vamos a ser muy respetuosos de lo que marca la normatividad en materia de derechos humanos y los tratados internacionales”.
Exhortó a la población a participar en este trabajo de reconciliación “de todos” y añadió que buscará la parte sensible de servidores públicos “para que den un buen servicio y trato y estén abiertos a la posibilidad de resarcir daños que hayan causado”.
La ombudsperson expuso que iniciará labores de acercamiento con la sociedad civil para ofrecer los servicios de la CEDH “que son para todos y a los que puede acceder”, por lo que se llevará a cabo una difusión de los programas, incluidos los de capacitación.
Hay algunas organizaciones que realizan un trabajo responsable, por lo que deben ser reconocidas e ir de la mano con la Comisión y viceversa, pues habrá apertura, afirmó.
Recordó que una de las integrantes (Geovanny Pérez López) del nuevo Consejo Consultivo de la CEDH surgió de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), por lo que también ha presentado propuestas interesantes.
“No vamos a separar a nadie, pues esa designación que el Congreso hizo fue muy acertada, porque está incluyendo a esa parte de la sociedad que en algún momento se les estaba haciendo a un lado y ahorita no, vamos a trabajar juntas”, al igual que con el resto de consejeros (Agustín Flores Peña, Haraim Sánchez Méndez y Emmanuel Sánchez Reyes), con quienes se comparten coincidencias y un entorno de armonía, factores que permitirán la consolidación de este órgano, enfatizó.
Ordóñez Brasdefer remarcó que va a lograr la meta de recuperar la credibilidad y la autonomía de la CEDH, pero reconoció que no será fácil, porque será observada “por muchos actores que están involucrados hasta el momento con este ente. Vamos a eliminar los compromisos que hay con las autoridades, si es que los hubiera”.
Adelantó que será efectuado un diagnóstico interno para conocer e identificar áreas de oportunidad o debilidades que tiene el servidor público ante las autoridades, por ello la auditoría no solo será económica sino también legal, a través de un despacho externo para que evalúe el desempeño y cumplimiento de las funciones individuales del personal.
“Que me refleje el avance o retraso en cada expediente, no solo en los de queja, sino también en los de capacitación, prevención y de todos los rubros que se manejan en el organismo, y de esta forma rescatar a quienes realmente hacen un buen trabajo y quienes no, se tomarán otras decisiones respetando sus derechos”.
Después de esa investigación se abrirá una convocatoria pública para que las personas que reúnan requisitos, sobre todo el perfil tanto académico como operativo, ingresen a la CEDH, “para lograr el objetivo de autonomía total a través de este proceso de selección”, anotó Ordóñez.
Sostuvo que en lo particular no tiene compromisos de compadrazgo ni de amiguismo, ya que su designación se tornó un tanto complicada, lo cual la alejó de esas condiciones, por lo que su deber es el de “trabajar bien”, es con la sociedad y con el personal comprometido con su labor en esta Comisión.
Ordóñez Brasdefer debe conocer situación de la CEDH porque era secretaria ejecutiva
Por otra parte y entrevistada por separado, la activista Yeny Charrez Carlos, quien participó en el proceso de renovación de la CEDH, aseguró que no emprenderá ninguna acción legal por el nombramiento de Ordóñez Brasdefer.
Recordó que en su momento el Congreso local ordenó la reposición de este procedimiento, pero que ahora “ellos mismos (las y los diputados) atentan contra su propio reglamento (al realizar la designación por parte de la Comisión Permanente con 12 votos a favor y no con mayoría calificada como lo establece la legislación)”.
Podrían emprenderse acciones, pero tenemos “muchísimos problemas en materia de defensa de los derechos humanos como para estar buscando un lugar que solamente ha generado discordia y al final de cuentas no se está velando por estas garantías”. Consideró que ya no importa cómo llegó la nueva presidenta, sino que se ponga a trabajar y a tomar acción en cuanto a diversas situaciones irregulares, de las que debe tener conocimiento pleno porque se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la institución.