El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) hizo un llamado a las nuevas autoridades, tanto estatales como municipales, a cumplir con sus obligaciones de transparencia, particularmente a los ayuntamientos porque representan los principales ‘focos rojos’ en opacidad.
Así lo requirió Didier López Sánchez, comisionado presidente del IAIP, durante su participación en el foro virtual “El derecho a saber”, organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Expuso que será sumamente importante distinguir a las autoridades electas a través del voto, así como a las que serán designadas por la propia gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, que tendrán la disposición e intención de adoptar a la transparencia y rendición de cuentas, como lo ofrecieron en campaña electoral.
Anotó que ahora corresponde verificar que ese mensaje sea también el que caracterice a su gobierno; “desde el Instituto –dijo- confiamos en que sea así” en la mayoría de ellos, pues en el caso de los municipios es donde se encuentran los principales ‘focos rojos’.
“No logramos que (los ayuntamientos) pongan atención y que prioricen el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia”, pese a la claridad de la legislación local”.
Por eso realizó ese llamado a quienes este 31 de agosto entraron en funciones en sus respectivos cargos de elección popular, “pues no basta con su disposición, hay que materializarla a través de los hechos”.
Asimismo, sugirió que a la brevedad sean nombrados los titulares del área de transparencia y a integrantes de los comités, además de ejecutar las acciones correspondientes.
Confió en que las autoridades y las distintas dependencias “estarán en la mejor disposición” de apegarse al marco jurídico; sin embargo, añadió que el IAIP prevé la visita a cada uno de los 60 alcaldes y a la representación del gobierno estatal.
Respecto del reto que la pandemia de Covid-19 ha representado para el Instituto, recalcó que uno de los impactos más relevantes es la reducción en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pues de 2017 a 2019 registró un incremento de entre ocho y 15 por ciento, pero en 2020 “bajó un poco”.
Por su parte, Mireya Arteaga, directora general de Prevención y Autorregulación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), repasó la evolución del derecho a saber en el país, sobre todo en materia legal.
Resaltó que el acceso a la información es un medio para obtener datos sobre la actuación de autoridades, en caso de violación de derechos humanos, por lo que se convierte en un mecanismo para asegurar que la verdad salga a la luz pública. “Se evidencia la urgencia de que siempre impere este derecho”.
En este foro también participó el académico Said Hernández Quintana. La moderación estuvo a cargo de Dora Rodríguez Soriano, consejera del ITE y presidenta del Comité de Transparencia de este órgano electoral.