Hay una falta de alfabetización digital que no permite a la ciudadanía distinguir una información falsa, para no creerla, no compartirla y no validarla, aseveró el especialista Martín Echeverría Victoria, quien puntualizó que el Estado mexicano tiene la deuda de regular la desinformación.
En la presentación del libro “Riesgos de las libertades informativas en la sociedad abierta”, por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y del IAIP, órgano local en esta materia, el experto habló sobre el riesgo de ser engañados por las redes sociales y la desinformación.
El profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) realizó que al ser responsables en el manejo de las redes sociales se beneficia a toda la sociedad, de lo contrario se causa un daño a nivel colectivo.
Por ello, instó representantes de los poderes de gobierno del estado a responder a la emergencia de la desinformación, la cual pone en vilo la convivencia y la calidad de esta.
“Mis encuestas dicen dos datos: 33 por ciento de las personas vieron información falsa la semana pasada, y 37 por ciento miraron un rumor falso en redes sociales. Estamos inundados de eso”, indicó.
Expuso que México es proclive a la desinformación por diversos factores, uno de estos es que la ciudadanía hace 30 o 20 años consumía noticias a través de la televisión, principalmente, “pues nunca hubo una prensa masiva de gran tirada”, por lo que al ingresar a la era digital no muchos se quedaron en lo audiovisual.
En este sentido, resaltó que alrededor de 87 por ciento de la población recibe noticias por medios digitales, 64 por ciento por redes sociales, 44 por ciento por televisión y 22 por ciento por prensa impresa.
“El problema de consumir información por redes sociales es que justamente ahí está la semilla de la desinformación, pues hay más información falsa y no verificada a diferencia del periodismo profesionalmente producido que se tenía en televisión y en prensa”, añadió.
Subrayó que los medios de comunicación periodísticos se han debilitado, pues se trata de un fenómeno global, y que hay personas que piensan que la desinformación viene de los periodistas, “no de gentes en la sombra” que son las que la producen, por lo que “se destruye” la reputación de los profesionales.
Acentuó que de acuerdo a una encuesta reciente, solo 37 por ciento de ciudadanos confían plenamente en la información producida por periodistas; además de que hay estigmatización hacia el trabajo de estos.
Al tiempo, enfatizó que hay una falta de alfabetización digital en las personas, por lo que no distingue una información falsa para no creerla, no compartirla y mucho menos validarla. “Estamos llegando tarde a estos esfuerzos”.
Entre otras cosas, destacó que la escasez de recursos económicos de los medios impacta en la calidad de la información periodística, así como la tendencia a una mayor polarización de estos hacia una ideología política.
Dijo que en el país se tiene un sistema “no robusto de medios públicos” para contrarrestar información falsa y reconoció que una hay deuda del Estado mexicano para regular la desinformación.
Por su parte, la especialista Karla Belén Negrete, también coautora del libro, advirtió que las libertades informativas se encuentran en crisis porque están mediatizadas a través de las plataformas digitales que llevan a consumir información de todo tipo. Ello -abundó-, ante las nuevas estructuras descentralizadas en esta época de hiperconexión a través de aparatos celulares, por lo que existen varios riesgos.
Por su parte, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI y moderadora, acentuó que este libro aborda incluso el riesgo de ser periodista en este país. Por otra parte, reiteró que Tlaxcala es un referente en el cumplimiento de observaciones de transparencia.
A esta presentación de libro asistieron la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP), Maribel Rodríguez Piedras; así como los comisionados de este órgano, Ángel Espinoza y Arturo de Casa.
También, Guadalupe Ramírez, Gabriela Fuentes y Sergio Contreras, las dos primeras comisionadas del Instituto de Transparencia del estado de México y de Chihuahua, y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, respectivamente.
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