“¿Por qué siguen operando las redes de trata (de mujeres con fines de explotación sexual) si en Estados Unidos hay sentencias de hasta 50 años para proxenetas tlaxcaltecas?”, pregunta Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (CFJG).
Asevera que a este planteamiento, tanto esta organización como las comunidades con las que trabaja, intentan responder con tres elementos: el primero, porque los sistemas capitalista y patriarcal siguen privilegiando mercados en los que los hombres demandan a mujeres y a adolescentes como mercancías.
La activista resalta este punto durante su participación como comentarista del libro “Los padrotes de Tlaxcala. Esclavitud sexual en Nueva York”, presentado por su autor Juan Alberto Vázquez.
“Y -agrega- estos mercados en los Estados Unidos y en México no han sido tocados”, por lo que mientras haya alguien que pague por estas personas, los proxenetas obtienen ganancias y también aprenden a no cometer los errores que llevaron a sus homólogos a ser detenidos, procesados y sentenciados, para obtener las ganancias
En las sentencias que se pueden conocer en este libro, “no se toca” a los varones que demandan los cuerpos (a los consumidores), se les invisibiliza, este es el elemento principal por el cual se cree que las redes mantienen sus operaciones, subraya.
Señala que el segundo elemento es que existe un sistema que va más allá del padrote, en el que mucha gente “se beneficia de la explotación sexual y eso se va leyendo conforme va uno avanzando en las páginas: los taxistas, los dueños de bares, los traficantes, los meseros, las familias, funcionarios gubernamentales, policías, etcétera, etcétera”.
Por eso, insiste: “mientras no haya una sanción jurídica al mayor número de personas que participan en el proceso de explotación, no se logrará realmente una desarticulación de las redes de trata.
Destaca que el tercer elemento, considerado como fundamental para la operación de redes de trata en Estados Unidos y México, es resultado de una acción sistemática del gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la cual niega, minimiza, actúa impunemente o simula, “administración tras administración”.
Repasa los datos del CFJG que dan cuenta del por qué estas redes se fortalecen y sofistican, así como de la falta de sanción, pues en lo que va del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros únicamente se ha abierto una carpeta de investigación y no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria.
En tanto, de enero de 2017 a diciembre de 2022 se iniciaron 52 carpetas de investigación y solo una alcanzó una sentencia condenatoria, añade.
“Podemos ver así que la impunidad, por lo menos en las denuncias”, fue de 98 por ciento, porque la cifra negra es de 99 por ciento; es decir, por una mujer que se decide a denunciar hay 99 que no lo hacen”, y de las que sí lo hicieron solamente una logró sentencia.
“Esto manda un mensaje de permisibilidad a las redes de trata y les posibilita que se mantengan las operaciones nacionales e internacionales. El mensaje es claro: pueden seguir operando con total impunidad”, reprocha al tiempo que recalca que toda esta situación ha sido denuncia por el Centro Fray Julián como sociedad civil desde hace 20 años.
A propósito de “Los padrotes de Tlaxcala”, al leerlo “uno se sigue indignando y sorprendiendo al conocer las estrategias que usa la defensa para “limpiar la imagen” de los proxenetas, pues a través de cartas de habitantes de la comunidad “se pretende mostrar que los tratantes son buenas personas, no violentas, de buenos familiares y buenos vecinos, que participan en las comisiones de la comunidad, que promueven el deporte, que vienen de contextos de pobreza y que demostraron ser muy trabajadores”.
Todo esto se promueve con la intención de atenuar los veredictos y sentencias impuestas por los jueces y juezas, “son cartas firmadas por todo tipo de personas, hasta por el hermano de un presidente municipal o un candidato a una alcaldía. Sin embargo, esto no es sorpresa, es algo evidente en Tlaxcala, lo conocemos y es administración tras administración”, indica.
Concluye que este entramado comunitario sostiene parte de la problemática y recalca que no solo es en Tenancingo, sino en 40 de los 60 municipios del estado, aunque, también realza que el bien “ha surgido en esas profundas oscuridades”, pues hay profesores y profesoras, miembros de la iglesia católica y de otras profesiones de fe, incluso personas ateas, “que construyen una resistencia colectiva; en tanto el gobierno, y no hablamos solo del actual porque es algo sistémico, no hace lo que le toca”.