Luciano Concheiro Bórquez es actualmente el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Proviene del campo académico y de la izquierda histórica. Fundador de importantes centros de enseñanza e investigación, forma parte de la llamada Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Entre la sana discusión y el acalorado denuesto, los temas que trata de impulsar este gobierno levantan ámpulas y desconcierto, pero, también, en muchos, oleadas de esperanza. Lo que no queda claro es si prevalecerá el diálogo o proseguirá el golpeteo mediático ante la ejecución de las nuevas políticas públicas que ponen en tela de juicio el statu quo universitario.
–¿Estás consciente de que en las universidades públicas hay un estado de ánimo desfavorable hacia las políticas del gobierno federal en esa materia?
–Lo que percibo es que hay un desconocimiento de las políticas que llevamos a cabo; no se está escuchando, quizá no lo estamos comunicando bien en la Subsecretaría de Educación Superior, quizá no están claras, pero lo cierto es no se están viendo en su conjunto, y las criticas están dominadas por un pensamiento heredado del neoliberalismo, digamos, que todo se resuelve con más dinero. Eso es asombroso, pero tenemos esa impronta: “no se puede cambiar porque no hay dinero”. Algunas personas nos dicen: “cómo creen que pueden cambiar las cosas si no es posible cambiar nada”. Nosotros decimos: bueno, se puede dar otro sentido y contenido a nuestro quehacer, para ello tenemos toda una propuesta de reorganización y de cómo reorientar a las instituciones de educación superior (IES).
¿Hay que ir al fondo, o no? ¿Queremos ir al fondo? Ante la pregunta de si va a haber dinero, habría que hacerse la pregunta de ¿queremos cambiar este país y lo tenemos que hacer desde la educación, o no? ¿Estamos dispuestos a ello?
Podemos partir de un diagnóstico a grandes rasgos de lo que ha sucedido con la investigación, y con el crecimiento de la matrícula, la llamada oferta educativa, y qué ha sucedido en los últimos años con la misma; si lo que nos preocupa, por ejemplo, es que los jóvenes, todos aquellos que quieran, tengan acceso a la educación. Es un primer planteamiento político no sólo de AMLO, sino de toda la izquierda: la educación debería ser de libre acceso a todo aquél que quiera, en forma gratuita, no como una mercancía. Para ello, tenemos una política compleja, por todas las aristas que tocamos. La primera, y más evidente, que no ha sido suficientemente valorada, la constituye los millones en becas que van a repartirse para educación, desde básica hasta superior. Hoy, la beca es universal en educación media superior. En educación superior, ofrecimos alrededor de 300 mil nuevas becas, dirigidas a los sectores más vulnerables y a los estados más pobres.¿Cómo acompañamos esto? La primera idea es generar un verdadero sistema de educación a nivel nacional, que reconozca las particularidades regionales, culturales y lingüísticas.
Aquí viene la segunda cuestión: en México ha ido creciendo la oferta de educación a nivel superior, pero sigue siendo para la clase media y media alta; sólo el 9 por ciento de los estudiantes inscritos proviene del quintil de hogares con menores ingresos y del que le sigue, poco más del 16 por ciento. Las desigualdades siguen caracterizando al sistema educativo y son enormes; el crecimiento de la oferta educativa se dio para los que más tienen. Sí creció la oferta, pero se concentró en los quintiles de hogares con mayor ingreso.
Actualmente sólo el 38.4 por ciento de la población entre 18 y 22 años de edad tiene acceso a la educación superior, pero hay 18 estados por debajo de esa media nacional. Tenemos entidades que apenas están por arriba del 20 por ciento de oferta educativa. Entonces, tenemos una terrible desigualdad regional. En primer lugar, aparecen Oaxaca, Guerrero, Chiapas, donde sólo uno de cada cinco jóvenes tiene acceso a la educación superior, pero les siguen entidades como Michoacán, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato o el Estado de México, que por su dinámica económica podrían estar mejor en términos de educación superior. Si nos comparamos en la escala mundial, el promedio de la cobertura de los países integrantes de la OCDE es de 72.8, la media de América Latina es de 48.4 por ciento, en tanto nuestro país, recordemos que es de sólo 38.4 por ciento.
En otro sentido, que también representa las debilidades del modelo que tratamos de superar, cargamos con un sistema desigual también en la estructura salarial y de las prestaciones del personal académico y administrativo; hay subsistemas de las IES donde sus trabajadores no tienen seguridad social.
Además, tenemos en 10 universidades serios problemas financieros; en este año, a pesar de que se les apoyó para el cierre del ejercicio de 2018 y que el presupuesto de 2019 no se le redujo a ninguna institución de educación superior, probablemente tendremos, si no hacemos cambios de orden estructural, a 14 universidades estatales a las que no les alcanzará el dinero para terminar el año.
Fondo Especial para garantizar la gratuidad en todos los niveles
–La aspiración del gobierno federal es que no haya rechazados y que se cumpla la gratuidad de la educación a todos los niveles. ¿Con qué fórmulas se va a concretar esto? Tomando en cuenta que, para funcionar, se depende a menudo de las cuotas internas hasta en proporciones muy elevadas como parte de los ingresos. ¿La SEP va a entregar este recurso?
–Esto tiene respuesta en algo que no ha salido para nada en la prensa y que es muy importante: la modificación del artículo 3º constitucional en términos de educación superior. El punto central es que plantea la universalización de todo el sistema educativo. También se agregó educación inicial, y sigue abarcando preescolar, básica, media superior y superior. El derecho a la educación se convierte en un derecho humano, y eso cambia la perspectiva del papel del Estado; este se obliga a cumplimentar todo aquello que permita realizar ese derecho.
El planteamiento va en una doble línea: garantizar, en primer lugar, el acceso de los jóvenes; que este no sea diferenciado por orígenes étnicos ni regionales ni de clase, ingreso o género y que sea también de calidad. Para enfrentar eso, el Estado se obliga, por ley, a dar becas, reconociendo a los sectores más vulnerables y dirigiendo los apoyos hacia ahí. Esto es un crecimiento de la matrícula con equidad.
Sobre los ingresos de las universidades, eso lo fortaleceremos buscando más recursos y un mejor reparto de estos. El crecimiento de la matrícula con equidad y excelencia es lo que da sentido a todo; obviamente, si pretendemos este objetivo, pero recortamos recursos, sería incongruente. La estrategia se basa entonces en la generación de un Fondo para el incremento de la cobertura y la gratuidad de la educación, que está incluido en el artículo 3º de la Constitución. En el apartado 15 transitorio se expresa que es un Fondo Especial, no extraordinario, para la cobertura total y la gratuidad. La propuesta, que debe aprobarse este año, incluye el cálculo de cuánto más hay que dar a las IES para el crecimiento de la matrícula y también cómo avanzar gradualmente en la gratuidad.
Visto proporcionalmente, las IES que más cobran a los estudiantes, por inscripción, son las más pobres: las interculturales, las normales, los tecnológicos. Sin esos cobros, no funcionarían. Así que planteamos una estrategia por subsistema educativo; vamos a ir primero con los apoyos a los más pobres para asegurar la gratuidad. Se trata de los subsistemas educativos que atienden a la población que, en la mayoría de los casos, por primera vez, accede a la educación superior, y que están más alejados de los centros urbanos. Debemos consolidar y apoyar para que esos muchachos se queden, que concluyan su educación. Las becas para estudiantes –Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido por la joven totonaca Leticia Ánimas– que, por ejemplo, se entregaron diferenciadamente, se concentraron sobre todo entre la población joven indígena, en mujeres que están en algún sistema público: normales, interculturales, y en las entidades con mayores rezagos.
El Fondo Especial está calculado para que en 2024 se cubra lo que verdaderamente son las cuotas. Distinguiremos entre lo que son cuotas que pagan ciertos servicios que ofrecen las universidades y que deben poder financiar de esta manera y otros ingresos propios de las universidades por servicios diversos. Esto está dentro de la autonomía de cada universidad pública o IES, pero la Federación sí precisará conocer cómo y con qué reglas se ocupan estos ingresos.
–Al día de hoy, no se están autorizando nuevas plazas académicas, incluso aquellas que ya estaban decididas y aprobadas, no se reconocen. ¿Cómo suponen que así se podrá atender una mayor matrícula, las nuevas tareas?
–La política que ha tenido Hacienda, hasta ahora, es de no dar plazas nuevas a ninguna institución. El planteamiento del Fondo Especial deberá considerar todos los aspectos implicados que suman el costo anual de la formación de cada estudiante, para proyectar lo que se debe invertir y entregar a las IES. De esta manera, quizá lo que necesite cierta universidad no sean nuevas plazas, sino apoyo para laboratorios, o para aprovechar mejor su capacidad instalada; pretendemos que los apoyos sean para el crecimiento institucional.
En estos primeros meses de gobierno, hemos hallado el mejor entendimiento de estos planteamientos y del modelo propuesto, a pesar de lo que circula en las redes y en ciertos medios. Solicitamos a las instituciones que muestren cómo podían crecer con lo que ya tienen, porque, pese a que los presupuestos han aumentado en los últimos años, la oferta educativa pública no ha crecido en la misma proporción. Esto es muy fuerte, no se justifica el razonamiento de “dame más para que crezca.” Estado por estado tenemos una proyección en el crecimiento de la matrícula que obedece al compromiso de cada IES para el siguiente ciclo escolar. En conjunto hay una gran y decidida respuesta. Vamos a paso firme para lograr año con año el cambio añorado y que los jóvenes tengan acceso a la educación superior.
Hay tres variables del fondo: matrícula, que debe crecer; brecha respecto a la media nacional, que debe cerrarse; y capacidad en incremento para atender a la nueva población.
El Fondo se concursará, prioritariamente, entre las instituciones que trabajan con la población estudiantil más desfavorecida. Queremos invertir la inercia existente de que se les da más a las que más tienen.
El Fondo y su operación deben lograrse, simple y sencillamente porque se logró que estuviera en el nuevo artículo 3º de la Constitución. El crecimiento puede lograrse y es una alternativa muy fuerte de cambio. Incluye crecer en instituciones existentes, pero también nos atreveremos a innovar. Se plantea crecer, por ejemplo, en la oferta educativa de 100 unidades universitarias del Sistema Benito Juárez; entregar mil millones de pesos a este crecimiento, en beneficio de los más desfavorecidos. Esto es apenas lo indispensable y no debiéramos escamotearlo por defender un estatus de privilegio. Otras iniciativas como la del Instituto Rosario Castellanos del gobierno de la Ciudad de México y la creación de nuevas universidades politécnicas y tecnológicas, entre otras iniciativas, nos hablan de un reverdecimiento del papel de las IES en el corazón de la Cuarta Transformación.
Disminución de los estímulos a docentes
–¿Ustedes van a disminuir los estímulos a los docentes, los ingresos adicionales a su salario base?
–No. Pero ¿queremos o no tener la discusión de fondo? Yo creo que hay que correr el riesgo de discutir cómo el sistema de educación superior es tremendamente desigual. Ante el argumento que me han dado de “entonces tú quieres que todos seamos pobres”, yo respondo que no. Lo que queremos es buscar fondos para ayudar a que las desigualdades por lo menos se atenúen. ¿Estamos dispuestos a revisar los estímulos? Por ejemplo, en Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) la inmensa mayoría de los profesores tiene doctorado, por lo tanto, ¿qué se estimula, si todos ya son doctores? O, por ejemplo, la búsqueda al mismo tiempo, simultánea, de los estímulos por docencia y por investigación.
El sistema está hecho para que aquellos que no hacían investigación recibieran al menos el de docencia. Pero vemos la zanahoria y vamos tras ella, claro. Y dentro de ese sistema hay élites y hasta “hiperélites”, término que molestó a muchos, pero que refleja la realidad. El sistema de reconocimientos es también desigual, pero tiene una estructura llamémosle “aspiracional”, recargada en la defensa de los privilegios de los que más tienen. Se quiere que siga vigente porque constituye la promesa de que, algún día, llegarás a tener esos mismos privilegios. Ese sistema, lo mismo que el SNI (Sistema Nacional de Investigadores), atomizó los equipos de investigación, favoreció el trabajo individual, descalificó el trabajo colectivo y ha dejado de corresponder a verdaderos estímulos.
No hay nada en el horizonte contra el Sistema Nacional de Investigadores y el sistema de estímulos. Sin embargo, la pregunta está abierta: ¿cuestionamos este sistema aspiracional, o no?
Insisto, no estamos considerando que haya disminución en los estímulos a los académicos. Algunas universidades estaban pagando los impuestos correspondientes a los estímulos y becas, cuestión que es indebida. Los beneficiados no pagaban impuestos o los pagaba la universidad, o de plano no los pagaba nadie. Hoy día, Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación están fiscalizando esos recursos. Esas condiciones de privilegio, que hemos tenido muchos de nosotros, de no pagar impuestos directamente por esos ingresos, Hacienda y la Auditoría lo están terminando.
–La pregunta que se están haciendo muchos compañeros de la comunidad académica es qué va a pasar con lo que hoy obtienen como estímulos. Se trata de gente que ha planeado muchas cosas de su vida en torno a ingresos que pensaban seguros, constantes. Se genera incertidumbre.
–He conocido estas inquietudes, de compañeros de lucha, de ideas, que están activos en las universidades públicas, que me dan a conocer las nuevas condiciones que les han puesto en sus instituciones para obtener las becas y estímulos, en tono de reclamo. Yo digo, a quien reclama esto desde una universidad autónoma, que es la propia institución la que decide internamente cómo aplica sus estímulos, becas, etcétera. Los recursos fueron entregados, y eso es público. También a los sindicatos, que han insistido con este tema, los estamos apoyando con talleres para que se compenetren con el esquema de presupuestos de las universidades. A quienes hacen estos reclamos, que están dentro de institutos, y les preocupa grandemente, por ejemplo, la posibilidad de que tengan que dar clase en nivel licenciatura para acceder al estímulo de docencia, siendo que están en un instituto o centro de posgrados, les digo: seamos conscientes de cómo nos ha pervertido el actual sistema de cosas. Quieren tener, también, el estímulo de docencia –que es sobre todo para quienes están frente a grupo a nivel licenciatura– junto a los otros apoyos. ¿En qué momento nos pervirtió tanto en este sistema?
Nuevamente, pregunto: ¿estamos dispuestos a discutir estos temas, o no? Si lo que se está buscando es agrupar a los que somos privilegiados en el marco actual, en contra de una propuesta de transformación, eso es preocupante; aún más cuando las personas críticas ni siquiera se plantean ser parte de la nueva propuesta, para enriquecerla, confrontarla, para participar de la gran transformación que vive nuestro país. Extrañamos el debate sobre el papel de la educación y en particular, la educación superior en los cambios que requiere México.
Es increíble que a muchos solo les interesen sus “proyectos” particulares, cuando más los gremiales. En cuanto a los temas de investigación, habrá que dialogar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y yo veo que ahí hay disposición para ello. Respecto a lo que concierne a la SEP en educación superior, estímulos y becas, la propuesta a grandes rasgos es que subamos los salarios, que aparecen disfrazados en los estímulos y becas, para que los ingresos adicionales o extraordinarios, sean eso mismo, es decir, extraordinarios, y no parte fundamental del ingreso.
–¿Todo lo relacionado con los apoyos federales a las universidades públicas en este nuevo gobierno estará relacionado con el crecimiento de la matrícula?
–Queremos que alrededor de cualquier proyecto de las universidades autónomas se ejerza precisamente la decisión colegiada de cada institución, lo que no quiere decir que no haya una responsabilidad social en primer lugar, y que la transparencia y comunicación del ejercicio presupuestal de recursos públicos sea una constante.
La nueva ley de educación superior incluirá, guardando la autonomía, obligaciones de responsabilidad financiera, planes rectores, de autorregulación. Sabemos que el manejo discrecional de los recursos ha sucedido, acciones que no son imputables a las instituciones, sino a las personas que mal ocupan los cargos. Entonces, no es la autonomía universitaria lo que está en cuestión, sino la necesidad de transparencia.
En otros temas ha habido diferencias como sucedió con las circulares que no tomaban en cuenta las especificidades del trabajo académico y de investigación, así como en el caso de los viajes al extranjero, o el destino de ciertos recursos, así como las restricciones en las contrataciones y en el gasto de las IES. Se ha rectificado directamente por parte de Hacienda o del Ejecutivo. Destaca, en estos casos, el reforzamiento del carácter autónomo de las universidades y el respeto por parte del gobierno.
El grave problema de las pensiones
–¿Qué política tendrá la Federación para el pago de pensiones a los trabajadores universitarios jubilados?
–La condición del sistema de jubilaciones y pensiones es dramática. No hay una solución sencilla; la problemática no es sólo de las universidades, sino del conjunto del país. Hay algunas jubilaciones que son insostenibles, que fueron establecidas a partir de relaciones con los gobiernos de los estados, condiciones especiales, luchas de trabajadores, etcétera, que sin embargo hoy en día son, y lo digo claramente, insostenibles. En alguna universidad es mayor el gasto en los pensionados que en los trabajadores en activo. En ese momento, las universidades públicas no pueden responder a los compromisos especiales de pensiones para todos los que tienen derecho. Teniendo en cuenta la edad que se jubilaron algunos compañeros y la jubilación dinámica amparada por la ley, adicional a la condonación de impuestos, estamos ante un esquema imposible de mantener. No hay dinero para solventar esas erogaciones.
El planteamiento es hacer una reestructuración a través del fondo sobre jubilaciones y pensiones –que vino en ceros este año, por cierto– que permita que, por cada peso que pone cada trabajador, y otro que debería pedirse a la institución, se ahorren 43 pesos por cada peso en la reestructuración de los fondos de jubilaciones y pensiones. Está proyectado matemáticamente en el tiempo. Es una quita importante. Además, se pretende una reestructuración de jubilaciones y pensiones al interior de los contratos colectivos, evidentemente en negociaciones entre los sindicatos y las autoridades universitarias; así como de varios planes de pensiones, para que todo ello desemboque en una ley marco. Hay que decirlo, las universidades están en peligro. Otra condición que pone en riesgo a las IES son los propios gobiernos de los estados que no cubren la participación que les corresponde. La única universidad con proyecto de jubilación a futuro era Baja California y hoy le adeuda el gobierno estatal más de mil millones de pesos.
–¿Tienen un dato de cuánto es lo que adeudan en jubilaciones estas universidades?
–Sólo en estas nueve universidades en crisis son más de 2 mil 400 millones de pesos. Respecto a estas universidades, no está previsto “rescatarlas” sino que se ha propuesto un gran cambio, o transformaciones estructurales. Existe una página, sep.entransparencia.mx, donde se ha transparentado este proceso y las alternativas y fondos que pueden apoyar a estos cambios de raíz.
Concluye Luciano Concheiro en tono optimista. En pocos días, entrarán a debate parlamentario tres leyes esenciales: la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un paquete legislativo que articularía los principios de la Cuarta Transformación. Para este profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), estas leyes refrendarán que “las utopías posibles están de vuelta.”