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A escasos días de cumplirse un año de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), “no se ha logrado gran cosa” porque este mecanismo implica actuar de manera rápida y eficaz, pero en los hechos se observan las mismas prácticas y “con poco compromiso”; además, “estamos dando pasos para atrás” en algunas acciones que funcionaban favorablemente, aseveró Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).
Expuso que de acuerdo al primer informe que el gobierno estatal entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), sobre la implementación de esta herramienta en los primeros seis meses en el estado, en cuanto a feminicidio, por el cual fue solicitada y por tanto es el centro de la misma, no se precisa cómo se ha manejado por parte del grupo de expertos.
En lo que va del presente año solo se ha informado de una carpeta de investigación por este delito, lo que contrasta con el registro del CMU, ya que se han identificado al menos 27 casos de muertes violentas de mujeres, entre ellos algunos que tratan de hacer pasar por accidentes o suicidios, cifra que tampoco coincide con el número de homicidios dolosos y culposos que se han reportado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), indicó.
“En el último informe del Sesnsp sumaban entre feminicidios y homicidios dolosos y culposos alrededor de 12, evidentemente no se está teniendo la menor intención de revisar el protocolo de investigación de este delito, por conformar un grupo de expertos, de análisis de contexto y de peritajes que permiten acreditar las razones de género. No hay ningún avance”.
Y –acentuó- esto se ve desde la integración de la carpeta de investigación, pues entre el inicio de la actual administración, en 2021, y lo que va de este año, nada más se ha informado de dos.
“Además, se sigue con las mismas prácticas en los municipios, pues los jueces siguen negando las órdenes de protección y no se hablado de cómo se va a capacitar desde ese nivel gobierno para tener impactos reales, no hay indicadores y al final de cuentas cómo se verá reflejado en el actuar de las y los servidores públicos”, refirió.
El informe menciona la firma de convenios con varias instituciones, “que es lo mismo que se ve en cada administración, se hacen acuerdos que en la práctica no se ven, porque no se da seguimiento y no se tiene un objetivo claro”.
Respecto del presupuesto –destacó- tampoco se específica a detalle, pues solo se identifica un monto para el programa contra la trata, el cual aún no se valida, por lo que el recurso no se ha aplicado; ni se evidencia una partida estatal designada para garantizar la creación de refugios, programas específicos de atención a la violencia y personal suficiente y especializado.
La también activista feminista consideró que en la práctica la política de austeridad presupuestaria no ha funcionado para las mujeres, “porque al no contar con recursos ni personal específico, se siguen alargando los procesos de casos judicializados, porque no se cuenta con personal suficiente, como sucede con el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), pues se acaba de ver que ya no es parte de todo este trabajo directo en la AVGM, que carece de recursos suficientes para contratar abogadas que den el acompañamiento y no solo asesorías”.
En los hechos, “seguimos mirando las mismas prácticas con poco compromiso para las mujeres, damos pasos para atrás en cosas que ya venían funcionando de alguna manera favorable… ahora vemos que siguen trabándose los asuntos, la familias que buscan acceso a la justicia por feminicidios siguen sin encontrar diálogo efectivo con las instituciones, cuando les asignan abogados de oficio no avanzan”.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha señalado que hay algunos asuntos de 2019 en revisión, pero los resultados se retrasan porque el defensor de oficio no tiene conocimiento o no le da el seguimiento adecuado. En general, se han mencionado acciones, “pero no se dice cómo se van a hacer, qué metodología se va a utilizar, qué indicadores tienen, no solo de cumplimiento sino de seguimiento e impacto”.
Llama la atención que el informe menciona la realización de mesas de trabajo con la sociedad civil organizada, pero el CMU no ha participado y se desconoce si han asistido otras asociaciones con experiencia en temas de trata, feminicidio y violencia familiar, así como los acuerdos tomados.
Se observa que el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario (GIM) no está conformado por ninguna organización civil, ni siquiera por la solicitante de la AVGM, “y eso al final de cuentas es darse palmaditas unos y unas a otras de lo bien que se está haciendo, se vuelven juez y parte porque las mismas instituciones dicen lo que se tiene que hacer y se están evaluando”.
De continuar así, sin tomar en cuenta a la sociedad civil con conocimiento, “difícilmente se va a mirar hacia dónde caminar, cómo evaluar y qué acciones se tienen que hacer”, dijo.