Sanciones penales de hasta seis años de prisión a quienes cometan algún delito contra personal médico y de enfermería durante una emergencia sanitaria fue lo que establecieron los integrantes de la LXIII Legislatura local a fin de apoyar a este sector y evitar cualquier agresión en su contra, en especial, durante la contingencia que se vive por el coronavirus Covid-19.
Este jueves, los legisladores reformaron el Código Penal del estado de Tlaxcala para endurecer las acciones legales en contra de quienes incurran en agresiones o cualquier otro tipo de delitos en contra de los trabajadores e integrantes del sector salud.
En sesión extraordinaria electrónica, fue analizado el dictamen en el que se establece que quien cometa un “delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las penas que corresponden por el delito cometido, se les impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”.
Sin embargo, cuando las conductas sean cometidas en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionistas similares auxiliares o cualquier personal de servicios de salud del sector privado o público en el estado, durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión deberá aumentarse tres años más, además de la que le corresponda por el delito cometido”.
De acuerdo al documento que dieron lectura las diputadas Mayra Vázquez Velázquez y Luz Guadalupe Mata Lara, justificaron esta reforma a establecer debido a que “como legisladores tenemos la obligación de reprobar toda conducta discriminatoria en contra de cualquier persona, máxime, ante el contexto de emergencia sanitaria, aquellos actos que se cometen en contra de servidores públicos que forman parte de sistema estatal de salud, ya que dichas conductas atentan contra la adecuada prestación de los servicios médicos. Transgrediendo así el derecho a la salud, el cual se encuentra reconocido a nivel constitucional”.
Abundaron: “A pesar de la entrega y el compromiso ante la contingencia sanitaria, el riesgo de agresiones hacia personas que prestan sus servicios dentro de instituciones que conforman el sector salud, quienes derivado de sus funciones específicas atienden a personas portadores del virus Sars-Co 2, Covid-19, va en aumento, puesto que se han reportado hechos dentro del territorio de diferentes entidades federativas que lacera su esfera jurídica, al ser objeto de actos discriminatorios y ataques contra su integridad, bajo falsa creencia o temor infundado de que aquellas son portadores del coronavirus y pueden propagar su contagio.
Por ello, apuntaron, “consideramos que las conductas dolosas de ataques a la integridad y discriminación cometidas en contra de personas que prestan sus servicios dentro de las dependencias y entidades que conforman el sistema nacional salud, y como parte integrante de este último el sistema estatal de salud, constituyen un hecho típico contrario a las normas de derecho, por lo que no solo son reprochables sino sancionables”.
Por ello, acordaron reformar diversos artículos del Código Penal local pasa sancionar las agresiones en contra de personal del sector salud.
