El hartazgo social por la impunidad y la creciente inseguridad se dejó sentir en Tlaxcala la semana pasada con cinco intentos de linchamientos ocurridos en diversos puntos de la entidad, con una persona asesinada por una turba que no cree ya en sus autoridades.
Los linchamientos que ocurren en Tlaxcala, por desgracia, no son un fenómeno aislado ni pasajero. Son un reflejo de un sistema de justicia que no responde a las expectativas de la ciudadanía.
Los intentos de linchamiento ocurridos en Hueyotlipan, Zacatelco, Papalotla y San Pablo del Monte, así como la muerte de un presunto delincuente que abusó de una menor en Natívitas, desnudan esta realidad que ni el gobierno estatal ni los ayuntamientos pueden negar y mucho menos soslayar.
Estas acciones son el resultado del hartazgo social ante la inseguridad, la impunidad y la ineficacia de las autoridades; refleja un creciente malestar social y una profunda falta de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
El linchamiento es un acto extremo, una manifestación de desesperación, de una sociedad que ya no ve en las autoridades una respuesta efectiva ante los crecientes niveles de violencia e impunidad. Es un grito de frustración de aquellos que viven a diario con el temor de ser víctimas de delitos sin que los responsables enfrenten consecuencias reales
De acuerdo con los datos de la organización “Causa en Común”, Tlaxcala se posiciona como uno de los estados con más intentos de linchamientos en el país, con 16 casos registrados en 2024 y como van las cosas, con cinco casos en una semana, la entidad “va que vuela” para romper, triste y preocupantemente, esos récord.
No es con discurso, sino con acciones como el Estado puede cambiar esta realidad, porque estos linchamientos son muestra contundente que revela que, en la entidad más segura del país, la gente ya no confía en las instituciones encargadas de impartir justicia y, en cambio, impera el hartazgo social.
Mientras ese hartazgo crece, también evidencia la indolencia de algunos funcionarios, como el secretario de Gobierno, quien lejos de atender de manera proactiva los conflictos sociales, mejor invierte su tiempo en cumplir con los requisitos legales para hacerse de la patente de notario de Tlaxcala. Parece que dicha posición es el pago que le habrán de hacer por sus gestiones para adquirir y legalizar ese rancho de ensueño que logró en Estados Unidos.