Ha profundizado gobierno la devastación socioambiental en territorio tlaxcalteca: OSC; exigen cancelar proyectos e inversiones industriales

El gobierno estatal “ha profundizado la devastación socioambiental que padece el territorio tlaxcalteca., con graves efectos en la población por políticas de industrialización, urbanización desordenada y turismo depredador”, denunciaron Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Anotaron que el Acuerdo de Escazú, tratado internacional firmado y ratificado por México, has sido violado a través de la imposición de proyectos diversos, como las nuevas ciudades Administrativa, de la Juventud y de la Cultura y el Entretenimiento; así como del libramiento Calpulalpan, ya que no se han instrumentado mecanismos de participación ciudadana.

Tampoco -agregaron- procesos de autorización ambiental para la toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones de los proyectos y sus actividades, provocando así impactos graves sobre el ambiente y daños a la salud.

En un pronunciamiento en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, citaron que se desconoce el rol de las personas activistas ambientales y defensoras de derechos, con lo que se incumple el artículo 7 de dicho acuerdo.

Remarcaron que estos proyectos de constricción de ciudades “son una franca imposición aspiracionista de estilos de vida que chocan con la ruralidad y bioculturalidad” de pueblos y comunidades que son pilares del tejido social y la conservación de ecosistemas.

Acentuaron que falta un proyecto que atienda las causas de la presencia de tóxicos y sus impactos en la salud de la población de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA).

Indicaron que durante 2025,  el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han informado sobre la realización de diversas acciones para el saneamiento del Atoyac-Zahuapan, pero “se limitan a recolectar basura en la ribera de los ríos, plantar árboles y construir plantas de tratamiento de aguas residuales municipales”.

Recalcaron que estas acciones son insuficientes porque mientras no haya un manejo adecuado de la basura desde su origen y no se atienda su generación con programas como el de Basura Cero, “ésta seguirá siendo arrojada” al cauce, barrancas o terrenos baldíos.

“La crisis de la basura, cuyo manejo pretende trasladarse a empresas privadas, ha generado graves impactos socioambientales y afectaciones a la salud pública” por quema de desechos y falta de recolección oportuna.

Ante el cierre de los rellenos sanitarios, consideraron que el gobierno estatal no ha presentado un modelo público que reduzca la generación de los residuos sólidos urbanos ni para el manejo adecuado de estos.

Además, subrayaron que las plantas de tratamiento que se construirán “no tienen la capacidad de tratar las más de 100 sustancias tóxicas industriales que se han encontrado en los ríos”, en el suelo y en el aire.

Expusieron que para lograr bosques sanos es necesaria  la participación de las comunidades y especialistas, a fin de atender plagas. Aunque, advirtieron que la vulnerabilidad de estos ecosistemas surge por la tala inmoderada e ilegal de árboles, especialmente en la montaña Matlalcuéyetl.

“Por ello es prioritario eliminar el proyecto del ‘Ecoparque Tlalli‘, del lado de Puebla, ya que la montaña es todo un ecosistema y los impactos socioambientales por el ecocidio afectarán tanto a Tlaxcala como al estado vecino”.

Destacaron que las normativas y jurisdicciones de ambas entidades han obstaculizado la protección de los bosques de la Matlalcuéyetl, por lo que urgieron a destrabarlas para garantizar la participación de los pueblos en su cuidado.

Observaron que las próximas  inversiones en los diferentes corredores y ciudades industriales, así como  la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis) en Huamantla, “impactará aún más en la calidad de vida” de la Cuenca del Alto Atoyac, reconocida como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA).

Realzaron que estos proyectos economicistas generarán el aumento en  tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades como cáncer y renales crónicas, causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias, a las que se suma el uso de agrotóxicos.

La ausencia de una regulación de las sustancias industriales contaminantes desechadas al entorno, provoca el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles en la cuenca,  donde el sistema de salud es deficiente, dijeron.

Reprocharon las iniciativas legislativas estatales “que no respetan el derecho humano al agua” y desconocen la legitimidad de Comités Comunitarios del Agua, electos por usos y costumbres.

Entre otras cosas, demandaron reconocer la existencia de múltiples problemáticas en el estado, frenar la política económica basada en el crecimiento industrial, empresarial y el despojo, para poner en el centro el cuidado de las y los tlaxcaltecas y de cada ser vivo, esto es, a los principios pro persona y pro natura.

Codiseñar y aplicar políticas públicas de atención integral a la Cuenca y tomar en cuenta las propuestas comunitarias, con la prioridad de regular  emisiones industriales tóxicas y dar atención de salud digna a víctimas. “En tanto no ocurra esto, es imperante detener la instalación de más empresas e industrias”.

Aplicar el modelo “Basura Cero”, en lugar de la creación del parque de economía circular; crear política de cuidado integral de la Matlalcuéyetl, con participación y reconocimiento de los saberes comunitarios y de especialistas .

Rechazar los megaproyectos y frenar la tala inmoderada y clandestina que vulneran la salud de los bosques y que reduce la masa forestal, ya disminuida por la presencia del gusano descortezador e impulsar la producción sana de alimentos con procesos agroecológicos, indicaron.

También, pidieron cancelar el proyecto de la Ciudad de la Juventud y que el presupuesto planeado se destine en la restauración, conservación y preservación de esta área natural.

Requirieron hacer lo propio con el libramiento Calpulalpan y exigieron la ampliación de los 12 km faltantes de la carretera federal Calpulalpan-Sanctórum; al tiempo, defendieron que el agua “es un bien común, pertenece a las comunidades, no a las industrias”.

 Entre las organizaciones que realizaron este pronunciamiento se encuentran Artemali Ocoxal; Asamblea Socioambiental Comunitaria; Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena A.C.; Centro de Economía Social Julián Garcés A.C.; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Colectiva Ecofeministlax; Colectiva Medusas Sufragistas; Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan; Colectivo en Defensa del Territorio de Tlaltelulco y la Coordinadora por un Atoyac con Vida.