Miércoles, abril 17, 2024

Grave

El proceso de democratización de nuestro país ha transitado también por la creación de un andamiaje jurídico de protección de los derechos humanos de todas y todos. Sin duda, el hecho más sustantivo lo constituye la reforma constitucional de 2011, en que “ha tenido como mandato el crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas” (Segob, 2017).

Así, en el artículo 1 constitucional establece, entre otras cosas, la obligación de las autoridades, todas, “de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona” y, de cumplir “con cuatro obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Además, se estableció la obligación de que, cuando existe una violación a los derechos humanos, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.

En el marco de esta reforma, en el mandato del artículo 1 constitucional y en el juramento realizado por el presidente de la República, la gobernadora del estado, las y los senadores, diputadas y diputados federales y locales, así como las y los presidentes municipales (sí, aquello de guardar y hacer guardar la Constitución, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo y que si así no se hiciere que se le demande) es que se hace pertinente y obligatorio observar, revisar, cuestionar y evaluar sus decisiones, desempeño y conductas.

Grave es la publicación del número telefónico de una periodista desde el púlpito presidencial; grave es la persistente la negación de la existencia de la trata de personas en Tlaxcala; grave es la incongruencia de decir que es una vulgaridad gritarle a otra mujer sin tener problemas para susurrar telefónicamente “p#% loca” desde la presidencia del Senado y más grave es la protección de violentadores, agresores sexuales y deudores alimentarios que desde el poder intimidan y lastiman a mujeres, niñas, niños  y adolescentes, abriendo paso a la impunidad y a la injusticia. Es imprescindible para construir paz y democracia. poner la dignidad de todas las personas al centro, no como graciosa concesión de las autoridades, sino porque es el cumplimiento de su obligación.

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