El día 31 de agosto, que recién acaba de pasar, la Secretaría de Salud, el Conacyt y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las tres dependencias del ámbito federal, en reunión virtual con las organizaciones y comunidades que participamos en la Caravana Toxitour México, hicieron público el convenio que firmaron en julio de este mismo año, por el que reconocen, de manera conjunta, “la necesidad de generar nuevos esquemas de colaboración y coordinación que permitan el cumplimiento efectivo de los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano y a la ciencia… fortalecer las acciones encaminadas a preservar la salud humana y proteger el ambiente… promover la participación social en las actividades correspondientes y facilitar la reparación integral en materia ambiental y sanitaria.” (Declaraciones IV.1)
Con este convenio firmado, las tres dependencias federales se vinculan para coordinarse y conjuntar acciones que lleven a “formular y conducir políticas participativas de salud ambiental y restauración ecológica y ambiental encaminadas a proteger la salud humana y a reestablecer el equilibrio ecológico… con la intervención de colectivos y comunidades pertenecientes a las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental u organizaciones de base representativas de la población afectada…”. (Cláusulas: Primera.- Objeto)
Esto, además de ser un gran logro obtenido por la sociedad de Tlaxcala y de las otras cinco regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESA) que participamos desde enero de 2020 en este proceso de trabajo directamente con las y el titular de las tres dependencias, es también un logro para las comunidades y organizaciones de todo el país, pues las dos secretarías y el Conacyt se comprometen a trabajar de manera interinstitucional en las RESA de todo México, y siempre y en todo tipo de acciones a emprender, sin actuar de espaldas a la ciudadanía, detallado así en cada una de las propuestas en el convenio, fomentando y contando con la opinión y la participación de “colectivos y comunidades… u organizaciones de base…, incluyendo pueblos y comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes…”. (Cláusulas: Segunda.- Compromisos de las “Partes”)
Como se podrá ver, este convenio formaliza y le da continuidad a los trabajos que ya habíamos anunciado en este espacio sobre la necesaria elaboración de un Programa Integral de Restauración Socioambiental, entre ciudadanía y gobiernos, desde el que se determinen las acciones coordinadas que sean necesarias, de manera que se busque la solución de los problemas de toda la población en la Cuenca del Alto Atoyac y no solamente el beneficio, sobre todo, de las grandes empresas como hasta ahora se ha venido haciendo.
Así, en este proceso y conforme se insiste en cada punto del convenio, se deberá trabajar de la mano con las comunidades y organizaciones en todo momento desde el principio, y discutir y acordar con ellas las acciones a realizar y las formas más adecuadas para llevarlas a cabo de acuerdo con cada contexto de cada región. Con esto se hace el esfuerzo, nuevamente, de romper con la dinámica de simulación para la solución de la problemática de la Cuenca que ha permeado la gran mayoría de planes y proyectos, cartas compromiso y convenios que se han firmado hasta la fecha. Desgraciadamente, este convenio federal no suple el que se firmó en Puebla, en septiembre de 2020, pero sí se intentará, al menos desde la acción de las comunidades y las organizaciones, que las mismas instituciones firmantes rectifiquen lo que han venido haciendo en la Cuenca y que poco a poco se vayan realizando acciones que corrijan la simulación en el cumplimiento de la Recomendación 10/2017 de la CNDH y la falta de integralidad de las acciones planteadas para desarrollar desde las prioridades establecidas con ese pretexto, que llevan a poner por encima las obras públicas ya determinadas sobre cualquier intento de llevar a cabo un Programa de Restauración Integral. Mismo que, dicho sea de nuevo, se menciona en las primeras recomendaciones hechas por la misma CNDH en su documento, pero que ninguno de los gobiernos ni las dependencias recomendadas hasta hoy han querido cumplir, ni la misma Comisión ha querido hacer valer.