A siete años de la emisión de la Recomendación 10/2017 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, ni los municipios, han cumplido en su totalidad; además, el Plan de Acciones de Saneamiento (PAS) “no es más que una serie de metas anuales por dependencia, dispersas entre sí”, reprochó el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (CFJG).
A través de un pronunciamiento, esta asociación civil enfatizó que que uno de los puntos fundamentales de esta Recomendación es el otorgamiento de en un plazo de seis meses para celebrar un Convenio de Coordinación interinstitucional para diseñar y ejecutar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la Cuenca que involucrara a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Te puede interesar: Aún no hay respuesta integral a Recomendación de CNDH por contaminación del río: investigador
Sin embargo, señaló que dicho programa “fue reducido a un Plan de Acciones de Saneamiento (PAS) que no es más que una serie de ‘metas anuales’ por dependencia, dispersas entre sí”.
Resaltó que de marzo de 2017 a la fecha, con base en información relativa al expediente de seguimiento a este decumento de la CNDH, “ni los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, ni los municipios, han cumplido en su totalidad las recomendaciones que aceptaron”.
Por ello, acentuó que a siete años de haberse emitido esta Recomendación, se ha constatado que la contaminación industrial “se ha agravado, teniendo fuertes impactos en la salud a través de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la leucemia aguda y la renal crónica, entre otras, evitables si se hubiera querido actuar bien y a tiempo”.
Puntualizó que el Primer Informe Estratégico, Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; Problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral, elaborado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), demuestra esta situación.
Este diagnóstico evidencia que las enfermedades y muertes en esta zona tienen un vínculo con la exposición a tóxicos que provienen de las industrias asentadas en la Cuenca.
Puedes ver: No hay cumplimientos, sino simulación en recomendación de CNDH sobre el Atoyac: Centro Fray Julián
Entre otras problemáticas, este diagnóstico revela que en todas las regiones del estado de Tlaxcala que integran la Cuenca, “la tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica en personas de entre 15 y 49 años, es de 1.2 hasta 4.7 mayor a la media nacional”, pues la contaminación no es exclusiva de ríos u otros cuerpos de agua, sino también en aire y tierra.
Advirtió que esta emergencia sanitaria y ambiental se agravará si el Poder Legislativo aprueba leyes que no garanticen los derechos humanos al agua y a su saneamiento; si excluye a comités comunitarios en la gestión del agua y si omite la responsabilidad de industrias en la extracción de este recurs natural y en el tratamiento de los tóxicos que generan.
Asimismo, remarcó que “un peligro más” son los planes y programas de ordenamiento territorial de la Cuarta Zona Metropolitana del país Puebla-Tlaxcala y los planes municipales, “en los que no se cuida el saneamiento ni se previene una mayor contaminación en la Cuenca ni de quienes habitamos en ella”, por el contrario, se facilita la instalación industrial y “la urbanización salvaje”.
Frente a este escenario y en el marco del Día Mundial del Agua, el CFJG demandó la creación de leyes que prioricen la conservación del vital líquido para los ecosistemas y para las personas, “garantizando el respeto a las formas de gestión comunitarias”.
También, requirió el cumplimiento real de la Recomendación 10/2017 de la CNDH y que no se base únicamente en trámites administrativos, pues ello “genera una reincidencia gubernamental en la violación a nuestros derechos humanos”.
Además, establecer mecanismos de regulación del uso de agua y de la emisión de sustancias tóxicas por parte de industrias, así como la elaboración de un ordenamiento territorial integral de la Cuenca, con participación ciudadana, como lo establece el Acuerdo de Escazú, basado en la situación actual de devastación socioambiental, con el objetivo de la preservación de recursos naturales y su progresiva recuperación donde han sido afectados.
Repasó que en marzo de 2017 la CNDH emitió la Recomendación 10/2017 sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.
En este documento el organismo destacó que las causas principales de la contaminación son la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región; que los cuerpos de agua reportan contaminantes químicos y biológicos provenientes de aguas residuales industriales y que la contaminación rebasa los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad, recalcó.
