Lunes, junio 17, 2024

Gobierno patriarcal ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

El Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos 2018–2021 (en adelante Programa Estatal contra la Trata), es el documento que establece la política pública en el estado de Tlaxcala para enfrentar el delito señalado y fue creado con aportes de la academia y de la sociedad civil. Se aprobó el 28 de febrero de 2019 y se organiza en cuatro líneas de acción: a) Prevención, b) Atención y Asistencia, c) Investigación y Judicialización y d) Coordinación de la administración pública. Cada eje contiene actividades claras y concretas que el gobierno del estado debió implementar para enfrentar la trata, sin embargo, el Consejo Estatal contra la Trata de Personas y el gobernador de Tlaxcala han ignorado la ejecución del Programa Estatal contra la Trata, lo que ha provocado que aumente esta violencia extrema que viven las mujeres.

Datos del documento Incidencia Delictiva y Llamadas de Emergencia 9-1-1, indican que, del periodo de enero a noviembre de 2020, Tlaxcala ocupó el segundo lugar nacional al tener una tasa de 1.98 casos de mujeres víctimas de la trata de personas por cada 100 mil mujeres.

A pesar de que al inicio del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez se manifestó un compromiso para enfrentar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a lo largo de los años demostró una falta de compromiso que se refleja en la falta de acceso a la justicia para las mujeres que denuncian; la carencia de perspectiva de género por parte de quienes procuran la justicia; la ausencia de refugios y casas de medio camino para las sobrevivientes; la falta de políticas educativas para la transformación de la masculinidad explotadora y demandante de mujeres prostituidas, entre otras acciones. Como sus antecesores, es un gobierno que dio continuidad a la estrategia de simulación, lo que tiene como consecuencia la reproducción del sistema patriarcal que permite el dominio de las mujeres y niñas, y su uso para la satisfacción sexual de los hombres a través de la explotación.

A propósito de la simulación, viene a colación el convenio que firmaron hace unos días el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez; la directora del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Juana de Guadalupe Cruz Bustos y los 60 municipios de la entidad, donde se comprometieron a colaborar para la atención de mujeres víctimas de violencia. Este convenio viene a ser firmado cuando las autoridades están a siete meses de concluir su periodo, justo a estas alturas no podrán hacer lo que no hicieron en cuatro años. El gobernador Marco Antonio Mena, los y las integrantes del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, presidentes municipales e instituciones encargadas de procurar prevención, atención y acceso a la justicia a las mujeres víctimas de trata, han tenido un papel deplorable, que se ve reflejado en el aumento de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. El conjunto de autoridades demostró su incapacidad de fracturar el sistema patriarcal y más bien se mostraron aliados de él.

Nos encontramos ya en pleno proceso electoral, quienes aspiran a ser las autoridades que dirijan al estado y sus municipios están necesariamente obligadas y obligados a incorporar dentro de sus agendas políticas la atención a la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La sociedad civil, como lo hemos hecho ya por varios gobiernos, continuaremos exigiendo la atención de esta problemática. El tiempo se encargará de mostrar si quien relevará al actual gobierno es capaz de fracturar el patriarcado que se ha institucionalizado y en ese sentido finalmente se aplica la política pública existente ante la trata de mujeres y niñas y se les hace justicia a las víctimas.

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