A ‘María’ su esposo le propinó una golpiza que la tiene hospitalizada y en estado de coma; el caso fue denunciado y se pidió la protección de las autoridades, pero nunca hubo atención, señaló Catalina Flores Hernández, dirigente estatal de la organización Mujeres del Tercer Milenio.
La también lideresa de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, (CNPA), aseveró que el gobierno estatal, particularmente el de esta administración a la que le restan escasos días para concluir, “nunca hizo nada” efectivo para combatir la violencia contra las mujeres ni para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
“Muchas veces se denunciaron las agresiones pero sin obtener respuesta y lamentablemente terminaron en feminicidios por no atender la demanda de la gente”, expresó.
Recordó ante este panorama, en noviembre de 2019 esta asociación solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la solicitud de declaratoria de la AVG en el estado de Tlaxcala, por razón feminicida.
Mujeres del Tercer Milenio —anotó— sustentó el requerimiento con cifras obtenidas en una revisión a notas publicadas en medios de comunicación, en la que se identificaron 76 feminicidios cometidos en el periodo 2015-2019, en Tlaxcala; aunque, de 2017 a 2019 el número creció.
La petición fue aceptada y se realizaron mesas de trabajo, en las cuales esta Organización de la Sociedad Civil (OSC) no participó ya que fue la solicitante y por tanto no podía ser juez y parte, pero el gobierno estatal y otras asociaciones sí lo hicieron, “después se presentó la pandemia de Covid-19 y ahí se quedó”, apuntó.
“Tristemente no le dieron la apertura en el estado de Tlaxcala, como siempre, nos batearon, nos dieron largas y nunca respondieron porque el gobierno tampoco quiso tomar cartas en el asunto, su dicho fue que eran casos aislados, pero vemos que no es así, qué más quisiéramos que no existiera la violencia”.
Expuso que han “aparecido” mujeres asesinadas, algunas de ellas desmembradas, “por eso no se va a quitar el dedo del renglón, se va a trabajar en este tema”, a fin de volver a impulsar las mesas de trabajo efectuadas en 2019 y 2020.
“Vamos a pedir al Congreso del estado que se revisen las instituciones encargadas de impartir justicia, las que están para protegernos, porque no las vemos por ningún lado”.
También se va a pedir al gobierno federal que se le dé seguimiento al tema:
“Y si es necesario volver a hacer la solicitud, la vamos a hacer, para que ahora se tome en serio y con la característica que hace falta para que se decrete la Alerta”.
Pero sobre todo –apuntó- para que las instituciones asuman su papel y se hagan las cosas correctamente, como debe de ser, sin corrupción y se tome en cuenta el tema.
Comentó que hay casos en los que Mujeres del Tercer Milenio ha brindado acompañamiento, ya que las víctimas han sido enviadas al hospital para recibir atención médica, debido a que “están viviendo violencia muy gravemente”.
Sin embargo, en el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) no han tomado las llamadas para que interviniera y se le brindará apoyo a las personas afectadas, “pero nunca nos contestaron”.
‘María’ y ‘Estela’
‘María’, es vecina de la región sur de la entidad y tiene alrededor de 27 años. En junio pasado fue víctima de agresión física por parte de su esposo, la cual la dejó en estado de coma. Su padre pidió auxilio para hospitalizarla.
“El hombre ya fue denunciado penalmente, aún sigue libre, por esa razón nos acercamos al IEM para que se le diera celeridad y nos ayudaran a mover este asunto, pero ni nos contestaron la llamada”, señaló Flores Hernández.
Además de este hay otros casos, como el de ‘Estela’, para quien se ha solicitado orden de protección porque es violentada por su expareja. “El sujeto se brincó a su casa, la golpeó y la sacó, cometió un sin fin de atrocidades, ¿y dónde están las autoridades?, no se les encuentra por ningún lado”.
A pesar de que existe esa restricción emitida a favor de esta mujer, no es acatada por el agresor, pues insiste en acercarse solamente para intimidarla y hacerle daño físicamente, así como para incumplir con la manutención de sus hijas, abundó.
Por eso —reprochó—, cuando el gobierno dice que son casos aislados “es mentira”, porque “ni siquiera toman en cuenta las denuncias que hay”; además las órdenes de protección “son muy débiles y solo sirven para dos cosas, para nada y para nada”, por la falta de una intervención seria por parte de las autoridades.
Agregó que estas dos mujeres trabajan como obreras en una empresa y tienen hijos. ‘Estela’ no pudo dar un seguimiento a su caso ante el juzgado “porque, o trabajaba o se iba a dar lucha legal; decía, si falto a mi empleo me castigan, me descuentan el día, entonces, ¿le doy de comer a mis niñas o qué hago?”.
Hay “acciones contundentes: PGJE
Contrario a los señalamientos por parte de diversas organizaciones civiles en la entidad sobre la falta de perspectiva de género así como de protocolos para clasificar e indagar feminicidios, en días pasados la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un comunicado en el que informa que de 2017 (inicio de esta administración) a mayo de este 2021, han sido integradas 20 carpetas de investigación por este delito.
Asimismo, la dependencia asegura que derivado del trabajo del equipo multidisciplinario de profesionales que integran la Unidad Especializada para la Investigación de Feminicidios de la PGJE, se han efectuado “acciones contundentes”, por lo que en ese mismo periodo 14 personas (presuntas responsables de cometerlos) han sido capturadas; tres de ellas cuentan con una sentencia condenatoria, cinco con una orden de aprehensión vigente y el caso de una se encuentra en la etapa de investigación inicial.
“Estos resultados demuestran que las acciones emprendidas por la PGJE están dirigidas a combatir conductas de agresión hacia las mujeres; además, refrenda el compromiso de utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para tipificar las muertes de mujeres como feminicidios, una vez que se tengan los elementos contundentes para hacerlo”.
Resalta que el compromiso de esta administración para garantizar el acceso a la justicia a la población femenina tlaxcalteca víctima de violencia. “Esto implica, entre otras cosas, lograr una mayor eficacia en los procesos jurisdiccionales, una mayor prevención y una mejor protección y atención”, añade.
Al tempo, sostiene que la Unidad Especializada para la Investigación de Feminicidios, “trabaja puntualmente utilizando diversas técnicas que le permitan investigar con perspectiva de género, debida diligencia y manera oportuna cada caso”.
El recorrido de las solicitudes de AVG
En agosto de 2016, casi al final de la administración del gobernador priista Mariano González Zarur, la Conavim admitió la solicitud presentada por la organización civil “Todos para todos”, vinculada al problema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en 13 municipios, desde Apizaco hasta San Pablo del Monte.
La Comisión integró un grupo de expertos y emitió una serie de recomendaciones, sobre las que Marco Antonio Mena Rodríguez, actual gobernador, en los primeros meses de su mandato implementó acciones, en 2017.
Sin embargo, en respuesta a la petición de “Todos para Todos”, el 4 de agosto de ese año, la Secretaría de Gobernación (SG) resolvió que no encontró “elementos objetivos suficientes” para declarar AVG en Tlaxcala.
Previo a esta determinación, en ese mismo mes las asociaciones civiles Colectivo Mujer y Utopía (CMU) y Justicia Pro-Persona, con respaldo de otras 40, presentaron una segunda petición, por desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, ligada a los delitos de violencia sexual, feminicidios o trata de personas con fines de explotación sexual.
Pero no fue aceptada por la Conavim (todavía en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto) porque estaba vinculada al mismo tema de la primera solicitud y porque se presentó antes de que hubiera un acuerdo sobre la misma.
La tercera solicitud fue la presentada por Mujeres del Tercer Milenio, en noviembre de 2019 (en la entonces nueva administración federal del actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador), por razón feminicida, a la cual la Conavim le dio entrada, sin que a la fecha haya emitido resolución.
El jueves 22 de este mes de julio, la gobernadora electa y morenista, Lorena Cuéllar Cisneros, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, anunciaron el acuerdo de declaratoria de la AVG para Tlaxcala.