Martes, junio 25, 2024

Un gobierno más que se va con una deuda histórica ante la trata de mujeres y niñas

El Reporte Global sobre Trata de Personas 2020, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), arrojó que las mujeres y niñas representan el 65 por ciento de las víctimas identificadas, de ellas 50 por ciento fueron explotadas con fines sexuales, 38 por ciento con fines de trabajo forzado y el resto sometida a actividades delictivas, matrimonios forzados y extracción de órganos, entre otros delitos.

La trata de persona tiene diferentes fines: prostitución forzada, mendicidad, extracción de órganos, matrimonios serviles, explotación laboral, entre otros. Las redes dedicadas a los fines antes señalados, lo harán dependiendo a los contextos concretos de cada país o región. Para el caso del estado de Tlaxcala, desde hace ya casi dos décadas, la sociedad civil señaló la operación de redes dedicadas a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y desde el año 2007, es decir hace 14 años, en Tlaxcala se reconoció el delito de Trata de personas en el Código Penal del estado y posteriormente se creó un marco legislativo y de política pública suficiente para que el gobierno estatal actuara de manera contundente con el fin de avanzar en la erradicación de este delito, sin embargo hasta el día de hoy no ha existido un compromiso real por parte de las diferentes administraciones y el problema sigue siendo grave.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, vía acceso a la información informó que, de enero de 2011 a diciembre de 2020, existieron 179 víctimas de trata, de las cuales, 161 fueron mayores de edad, 11 fueron menores de edad y de siete no se indicó si eran mayores o menores de edad. En todo ese periodo sólo se alcanzaron 14 sentencias condenatorias firmes (en promedio 1.4 sentencias por año). Es importante recordar que, la cifra negra de no denuncia puede alcanzar el 99 por ciento, es decir, que por cada víctima que llega a las instancias de denuncia, 99 más no denuncian.

Evaluando el gobierno saliente encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez, podemos afirmar que su desempeño frente al problema, al igual que sus antecesores, fue de simulación, omisión e impunidad. Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, indican que de 2017 a mayo de 2021, periodo del actual gobierno, existieron 49 carpetas de investigación sobre trata de personas en Tlaxcala, sin embargo en el mismo periodo, de acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, solo se emitieron 6 sentencias condenatorias firmes, pero es importante señalar que de estas sentencias, cinco fueron radicadas en años anteriores a este gobierno y solo una es de 2017, es decir que de las 49 carpetas de investigación recibidas en el periodo de Marco Antonio Mena Rodríguez, solo una alcanzó sentencia condenatoria firme.

Además de lo anterior, el gobierno saliente fue omiso en la aplicación del Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de los mismos 2018 – 2021, a pesar de que la aplicación de este programa es un mandato de la Ley estatal en materia de trata de personas y también fue un compromiso de este gobierno como parte del proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Está por iniciar un nuevo gobierno, encabezado por Lorena Cuellar Cisneros, quién a través de sus redes sociales y en el marco del Día mundial contra la trata de personas, dijo “En mi gobierno se levantará la Alerta de violencia de Género contra las Mujeres; no podemos esperar más incrementaremos las acciones contra el delito de trata de personas…” Veremos si el gobierno que encabezará, por fin deja de alimentar  la deuda histórica que los gobiernos anteriores han tenido con las mujeres y niñas frente a la violencia y la trata con fines de explotación sexual o si finalmente el sistema patriarcal vuelve a someter a las instituciones en el nuevo gobierno.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

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