Un daño patrimonial de al menos 355 millones 218 mil 964.40 pesos detectó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023 de los 104 entes fiscalizables, siendo nuevamente los municipios los que generaron un mayor quebranto a las arcas del estado, seguido de las dependencias de la administración estatal y, por último, los organismos autónomos.
Este lunes, en la fecha límite establecida en la Constitución local y en las leyes secundarias, el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela entregó al Poder Legislativo lo que es su primer informe de auditorías, en el que reveló que las autoridades municipales, principalmente, incurrieron en actos y omisiones presumibles de quebranto y daño patrimonial a las arcas públicas.
Entre las omisiones detectadas están el pago de obras y acciones no ejecutadas, el uso de recursos en fines distintos, pagos improcedentes e incluso erogaciones irregulares a empresas fantasma o inexistentes, las conocidas como factureras, por lo que deberán dar vista a las autoridades penales y hacendarias.
En la presentación de los informes, a la que acudió el presidente de la Comisión Permanente, José Gilberto Temoltzin Martínez y legisladores de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el titular del OFS informó que de todas las auditorías detectaron, de inicio, un probable daño patrimonial por 997 millones de pesos, pero con la solventación de observaciones, los entes fiscalizables aclararon el uso de 642 millones, quedando pendiente los 355 millones decretados como irregularidades.
Y ya del informe global, se desprende que los municipios generaron un quebranto por 315 millones 190 mil 271.37 pesos, seguido de las dependencias de la administración estatal y paraestatales con cerca de 38 millones de pesos, mientras que los organismos autónomos fueron observados con 2 millones 112 mil 981.43 pesos, el Poder Judicial con apenas 30 mil 712.75 pesos, mientras que el Poder Legislativo, incluido el propio OFS, no tuvo un solo peso observado.
De conformidad con la revisión a los 104 informes de resultados, a los que La Jornada de Oriente tuvo acceso, al menos 15 municipios, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (CAPAM) y el Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix), deberán reprobar su cuenta pública del año pasado, pues generaron un daño patrimonial, en conjunto, por 189 millones 444 mil 420.05 pesos al erario en el año 2023.
La cuenta pública del municipio de Tlaxcala es la que mayor monto tiene como posible daño patrimonial por 31 millones 359 mil 839.29 pesos, por lo que sería reprobada. En el informe de resultados del OFS, el reporte de la capital del estado se dividió en dos periodos: el primero correspondió a la administración de Jorge Corichi Fragoso, que correspondió del 1 de enero al 6 de agosto del año 2023 –ese día se hizo efectiva su licencia definitiva al cargo–, con un posible daño patrimonial por 16 millones 362 mil 984.56 pesos.
El segundo periodo de la administración municipal, que corresponde a la actual alcaldesa, Maribel Pérez Arenas –del 7 de agosto al 31 de diciembre pasado–, registra irregularidades por 14 millones 996 mil 844.73 pesos.
A esas observaciones, el OFS sumó irregularidades en la operación y comprobación del gasto en la CAPAM, por un monto global y anual de 3 millones 677 mil 476.15 pesos, ambos durante el ejercicio del cargo de sendos munícipes. Sin embargo, solo los estados financieros correspondientes al periodo de Corichi Fragoso de esta entidad, serían reprobados.
Por el monto de irregularidades detectadas por el OFS, le sigue la administración de Huamantla, que encabeza el edil Juan Salvador Santos Cedillo, por un monto de 24 millones 481 mil 657.57 pesos.
El munícipe, que fue reelecto a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), incurrió en probables anomalías, como el pago de bienes o servicios sin acreditar su recepción por un millón 802 mil 583.71 pesos; pago de gastos improcedentes por 14 millones 48 mil 18.10 pesos; pago de gastos en exceso por un millón 543 mil 692.16 pesos; recursos públicos faltantes por 4 millones 709 mil 532.64 pesos, entre otros, como el uso de empresas fantasmas o con actividades distintas a las declaradas, por lo que se dará vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por ello, dicha cuenta pública no debería aprobarse, porque “no realizaron una gestión razonable de acuerdo con las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y programas aprobados identificados en el contenido del presente informe del ejercicio fiscal 2023”.
De igual forma, la cuenta pública del municipio de San Pablo del Monte, que preside Tomás Juárez Contreras, nuevamente habría incurrido en ilegalidades, ahora por 21 millones 280 mil 190.69 pesos, ya que pagó a empresas que no justifican operaciones comerciales, hizo gastos improcedentes por 10 millones 573 mil 914.80 pesos, realizó pagos sin la recepción o aplicación justificativa de fondos, entre otros.
La Comuna de El Carmen Tequexquitla, que preside Aracely Martínez Cortez, también tendría que reprobar la cuenta pública del año pasado, ya que incurrió –de conformidad con este informe– en anomalías por 19 millones 285 mil 565.67 pesos. Sería la segunda cuenta pública que reprueba la alcaldesa, quien en los comicios del pasado 2 de junio logró su reelección por el Partido Alianza Ciudadana (PAC).
En la misma condición está el ayuntamiento de Yauhquemehcan, presidido por la morenista María Anita Chamorro Badillo, con un daño patrimonial por 17 millones 186 mil 922.95 pesos, porque pagó bienes o servicios sin acreditar su recepción y aplicación, e hizo algunas erogaciones improcedentes, entre otros.
También está Tlaltelulco, que encabeza Marco Antonio Pluma Meléndez, con un daño patrimonial por 14 millones 827 mil 676.82 pesos.
El edil de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez –quien enfrenta cargos ante la justicia local por el delito de peculado– también vería reprobada su cuenta pública de 2023, en la cual el OFS detectó irregularidades como presumible daño patrimonial por 13 millones 533 mil 512.77 pesos.
A estas administraciones se suman las de Tetlatlahuca, que encabeza Pablo Angulo Hernández, con irregularidades por 8 millones 141 mil 959.77 pesos; Atltzayanca, que preside el priista Gustavo Parada Matamoros, con 7 millones 232 mil 136.65 pesos; Tepeyanco, del edil sustituto Francisco Ixtlapale Pérez, con anomalías por 5 millones 722 mil 464.61 pesos.
En la reprobación de cuentas públicas también estarían las autoridades municipales de Lázaro Cárdenas, que preside el neomorenista Agripino Rivera Martínez, con 5 millones 541 mil 776.29 pesos; Quilehtla, que encabeza Leonardo Flores Grande, con 4 millones 487 mil 589.99 pesos y Mazatecohco, del cual es alcaldesa Leandra Xicohténcatl Muñoz, quien cerró el ejercicio fiscal pasado con observaciones con posible daño patrimonial por 4 millones 386 mil 763.68 pesos.
Aunque con menores montos observados, pero con irregularidades en sus cuentas públicas que les llevaría a reprobar sus estados financieros, de conformidad con las bases para la dictaminación de las mismas, validadas por los diputados, se encuentran Españita, que preside José Luis González Guarneros, con 4 millones 323 mil 519.3 pesos y Texoloc, que encabeza Arturo Covarrubias Cervantes, hermano del diputado Miguel Ángel Covarrubias e hijo de la diputada electa del PT, Maribel Cervantes, ya que le detectaron presuntas anomalías por 3 millones 326 mil 909.85 pesos.
En el caso del Ejecutivo y entidades paraestatales, nuevamente la cuenta pública de Fidecix sería reprobada, ya que el informe de resultados del OFS advierte la comisión de diversas irregularidades y la incorrecta aplicación de fondos por 648 mil 458.12 pesos del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, en el que estuvo al frente de ese organismo el exdiputado local, Humberto Macías Romero.
En el otro extremo están 45 municipios y cuatro comisiones municipales de agua potable, las cuales, pese a generar en conjunto un daño patrimonial por 125 millones 745 mil 851.28 pesos, el manejo de sus arcas fue considerado por el OFS como razonable, con lo que propone su validación por parte de los diputados.
Lo mismo ocurre con los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los cuales tuvieron observaciones mínimas en su gasto, de ahí que la propuesta del OFS a los diputados es por la aprobación de dichas cuentas públicas.
La misma suerte tendrían los estados financieros de los organismos autónomos como la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), los tribunales de Justicia Administrativa (TJA), Electoral de Tlaxcala (TET) y de Conciliación y Arbitraje (TCA), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); los institutos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) y Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), los cuales, pese a tener observaciones, estas no generaron mayores daños y serían aprobadas por el pleno del Congreso local.
Con esta información, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización deberán integrar los dictámenes de cuenta pública, a fin de que antes de que concluya agosto próximo, aprueben o reprueben el uso y destino de los recursos ejercidos en 2023.
De acuerdo con la Constitución Política local, los diputados deberán dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose en el informe que este lunes les remitió el OFS.
Además, dicha disposición establece que la dictaminación deberá efectuarse a más tardar el 31 de agosto posterior al ejercicio fiscalizado, es decir, antes de que los integrantes de la LXIV Legislatura local terminen su mandato de tres años, que ocurrirá el día 29 del próximo mes.
