El juicio a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, ha causado revuelo, sea este fingido o real. Pero, más allá de eso cabría preguntarnos ¿Qué tan excepcional es en México el caso de este alto funcionario enjuiciado en Estados Unidos? ¿Alguien recuerda el caso del General Salvador Cienfuegos? Quien también durante el sexenio de López Obrador fue detenido en Estados Unidos y señalado por delitos de vinculos con el “narcotráfico y crimen organizado”, particularmente con una célula que operaba en Nayarit.
La Agencia Central Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, informó en una carta fechada el 29 de octubre de 2020 y dirigida a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, que la investigación inició en el año 2013 y se centró en un individuo que traficaba drogas en Las Vegas, Nevada.
La intervención de sus aparatos telefónicos y de comunicación –avalados por una corte– develó el vínculo con otro sujeto radicado en Nayarit, y también con un alto mando militar mexicano, el cual colaboraba de manera directa con esta célula que traficaba drogas a USA.
La triangulación de la información develó que el alto mando castrense era el General Salvador Cienfuegos. La DEA fue enfática al referir que el alto mando castrense no fue el objetivo de la investigación y que nunca había operado en México y que, además, no había intervenido los aparatos telefónicos y de comunicación del General durante sus funciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La colaboración del General Cienfuegos con el cártel de Nayarit consistió –según la información entregada por la DEA– en protección, pues restringió en múltiples ocasiones los operativos militares en la zona nayarita y desvió las acciones castrenses del centro operativo de la organización criminal. El no intervenir para frenar el trasiego y venta de las drogas en territorio Norteamericano para la DEA, son parte de una colaboración directa que genera múltiples cargos como: “asociación delictuosa internacional para fabricar y distribuir heroína, metanfetamina y marihuana y, asociación delictuosa para lavar dinero proveniente de la venta de drogas”.
Las pruebas que presentó la DEA al gobierno mexicano eran, bajo su lógica, contundentes para acusar a Salvador Cienfuegos, puesto que, cuando ostentó el cargo de secretario de Defensa Nacional, ayudó a la organización del tráfico de drogas, así como a fomentar sus acciones violentas e ilegales a cambio de sobornos que la organización le entregó. Además, comprobado estaba que brindó rutas seguras, protegió a sus clientes y sus mercancías, tanto de droga como de armamento ilegal. El expediente de pruebas anexo a la carta firmada por Timothy J. Sea, está conformado por 751 fojas que prueban la investigación y culpabilidad del General Salvador Cienfuegos.
La primera reacción del Poder Ejecutivo consistió en no generalizar el papel de las fuerzas armadas ante un posible caso de corrupción, cuestionando la reputación del General Cienfuegos, quien, entonces fungía como secretario de Defensa. El giro del contenido fue rápido, el Poder Ejecutivo y los aparatos de Estado sostuvieron que era inamisible acusar a alguien de delitos tan graves sin presentar las pruebas suficientes y contundentes. A diferencia de García Luna, las pruebas presentadas contra el General Cienfuegos no eran sólo testimoniales, sino comunicaciones electrónicas intervenidas por la DEA. El gobierno mexicano pretextó desconocer las acusaciones porque no tenían las pruebas por las cuales se acusaba al General. Dejaba en claro que, de ser ciertas esas acusaciones, el General no era culpable, sino el “narcogobierno al cual sirvió, a ese gobierno mafioso del pasado”. De cualquier forma, el Ejecutivo sentenció que “las acusaciones contra el militar se tenían que probar e insistió que independientemente de lo que resultara durante el proceso en su contra, su gobierno defendería al Ejército, ya que, apuntó, es una institución fundamental del Estado y no se podían hacer juicios a tabla rasa”.
Pocos días después, el gobierno Norteamericano retiró los cargos y desechó las acusaciones, dio órdenes de liberar al General Cienfuegos para que éste fuera juzgado en México. El argumento central del gobierno de la Cuarta Transformación consistió en: “resguardar la reputación del Ejército en todo momento. Además, el jefe del Ejecutivo comenzó a argumentar que no se podía permitir que agencias del extranjero juzgaran a mexicanos sin pruebas y pidió tenerle confianza a la justicia mexicana, asumiendo que ya eran otros tiempos”.
El General Salvador Cienfuegos fue retornado a México, aterrizó en el hangar de la FGR en el aeropuerto de Toluca, no tuvo un juicio en el país del norte y nunca se estableció una investigación en México. Fue absuelto de todo delito. El informe fue publicado por el gobierno federal completamente tachado, la borradura de todas sus fojas era más que notoria.
Todos debíamos creer en la palabra del entonces presidente, sí él lo absolvía, el pueblo de México daba su voto a la rectitud, actuación ética, moral y a la sobrada honestidad del magnánimo General. Al final del día, lo más importante siempre fue y ha sido: “resguardar la reputación del Ejército”.
Dos casos “distintos”, en tres sexenios distintos, dos personas “distintas”, dos funcionarios “distintos”, pero, en el fondo, el mismo delito. Asistimos a la justicia que operan en el más alejado modelo del “velo de ignorancia” propuesto por John Rawls, ese que debe omitir las circunstancias personales, dejar fuera cualquier privilegio, ponderar la imparcialidad ante los acusados para llegar a los mismos acuerdos en los juicios.
El problema no debería radicar en la imparcialidad de la justicia, lo cual ya es un complicación profunda en nuestro país, en este caso radica en el delito, el cual, por todos es sabido, goza de una latencia impune en nuestro territorio. En cada reducto del poder o poderes estatales hay quien lo perpetra un día sí y el otro también. La vinculación de las autoridades en todos los niveles con actores ilegales es una verdad sabida, pero silenciada, una verdad que el vecino país de los Estados Unidos nos la recuerda de vez en cuando.
Pero, evidentemente en México a veces es preferible torcer o eliminar la ley, más no el delito. ¿Por qué?