Tras reiterar su respeto irrestricto a la libertad de expresión, la diputada priista Sandra Aguilar Vega calificó como un “atentado” el contenido en la propuesta de nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por el Ejecutivo federal y dictaminada por el Senado de manera expedita y sin discusión pública.
La legisladora advirtió que la iniciativa, aprobada en comisiones unidas del Senado el pasado 24 de abril “de forma exprés y opaca”, representa una regresión autoritaria y un intento del Estado por controlar los medios de comunicación, restringir el acceso libre a la información y eliminar la autonomía del actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo que ha regulado hasta ahora el espectro radioeléctrico con criterios de pluralidad y competencia.
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“El dictamen consta de 226 páginas y 283 artículos, fue aprobado sin cambiarle una coma a la propuesta presidencial, sin consultar a expertos ni garantizar un análisis transparente. Fue una simulación legislativa más, como ya se ha vuelto costumbre de la mayoría oficialista”, sentenció la legisladora durante su intervención en el apartado de asuntos generales de la sesión de este martes.
Aguilar Vega hizo énfasis en que la propuesta contempla la desaparición del IFT y su sustitución por una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependencia sujeta al control directo del Ejecutivo, que tendría atribuciones no sólo regulatorias, sino también de censura y supervisión de contenidos, incluidas señales extranjeras y plataformas digitales como YouTube o Netflix.
“Estaríamos entregando a una sola autoridad la capacidad de decidir qué contenidos pueden transmitirse, qué concesiones otorgar o cancelar y qué plataformas digitales sancionar por considerarse fuera de los límites impuestos por el gobierno”, advirtió. De prosperar, dijo, se abriría la puerta a sanciones económicas de hasta el 5 por ciento de los ingresos de estas empresas.
La diputada sostuvo que este modelo pone en riesgo las inversiones nacionales e internacionales en telecomunicaciones, afecta la pluralidad mediática y atenta contra derechos fundamentales como el acceso a la información y la libertad de expresión. “Están preparando una Ley Mordaza para controlar, callar y someter”, enfatizó.
Aunque el dictamen fue retirado de la agenda del Senado el domingo pasado, la diputada Aguilar Vega aseguró que dicha acción no fue resultado de un ejercicio democrático, sino del rechazo social y la presión de la oposición.
“Que no nos engañen, no fue reflexión legislativa. Fue la fuerza de una ciudadanía crítica y de partidos como el PRI, que no cederán ante imposiciones…No podemos permitir que el gobierno siga ejerciendo el poder sin límites”, recalcó.
Incluso, recalcó que en esta reforma no está en juego un simple tema técnico o administrativo, sino la vigencia de derechos fundamentales. “México necesita más democracia, no más control; voces libres, no bocas calladas; ciudadanía crítica, no súbditos obedientes”, concluyó.
