Con la exigencia de fortalecer el sistema de partidos sin menoscabar derechos ciudadanos, garantizar la paridad de género, consolidar el respeto a la comunidad LGBT+ y rescatar la figura históricamente relegada de los presidentes de comunidad, fueron algunas de las demandas de partidos políticos, activistas y funcionarios electorales en el marco del foro ciudadano para la Reforma Electoral.
Además, demandaron que la inminente reforma político-electoral del país no se convierta en un retroceso disfrazado de innovación, que atente contra las libertades y los principios democráticos del país.
En un acto celebrado la mañana de este miércoles en el Teatro Xicohténcatl de la ciudad capital y presidido por la Consejera Jurídica del Gobierno de la República, Ernestina Godoy Ramos, fue evidente la ausencia de la mayoría de los partidos políticos locales, como de los legisladores federales y locales de Tlaxcala.
Fueron 20 las ponencias presentadas, en las que el común denominador fue la necesidad de fortalecer el sistema de partidos y a los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales, como lo son el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Tribunal Electoral de Tlaxcala.
El primero en realizar esta defensa fue el presidente del ITE, Emmanuel Ávila González quien lamentó que el esbozo de la posible reforma electoral pretenda desaparecer los órganos electorales en los estados y concentrar la función electoral en una sola institución nacional como el INE.
“Los procesos electorales locales y federales, la revocación de mandato, los mecanismos de participación ciudadana, las elecciones de usos y costumbres, difícilmente pueden ser ejecutadas por una sola autoridad sin un incremento lógico de estructura desconcentrada…si se modifica la forma histórica de hacer elecciones, por el contrario, las complejiza y el riesgo será la estabilidad politica de los estados y municipios, que hasta ahora han preservado los institutos locales, que conocen las particularidades políticas de un México tan diverso como extenso”, apuntó el presidente del ITE.
Esas posturas fueron ratificadas por las consejeras electorales Janet Cervantes y Anakaren Rojas Cuautle, quienes detallaron las fortalezas de esa institución, la magistrada del Poder Judicial Mary Cruz Cortés Ornelas, expresidenta del órgano electoral local, defendió el modelo híbrido INE–Oples y advirtió contra la tentación de centralizar completamente las funciones electorales.
Recordó que tan sólo en 2024, los Oples registraron 181 mil candidaturas, mientras que el INE apenas 4 mil 596., “ellos, conocen mejor la vida política de sus estados; sin ellos, la organización electoral sería inviable”, recordando que Tlaxcala fue pionera en paridad desde 2013 y en acciones afirmativas para juventudes, diversidad sexual e indígenas, antes incluso de la reforma de 2014.
En el mismo tenor, las magistradas del TET, su actual presidenta, Esther Terova Cote y Claudia Salvador Ángel, sostuvieron que lejos de apostar a la centralización de la función jurisdiccional electoral, se debe fortalecer ésta en los estados.
Salvador Ángel enfatizó sobre la importancia de un sistema jurisdiccional con varias instancias para corregir errores y generar consenso jurídico, pues recordó que juzgar no es una ciencia exacta y que los tribunales superiores deben revisar sólo los asuntos más complejos:
“Los tribunales locales deben emitir resoluciones de tal calidad que persuadan a las partes de que impugnar no variaría el sentido del fallo”, por lo que advirtió que la centralización de decisiones electorales “empuja al país hacia un modelo autoritario ya superado”.
En tanto, el secretario del INE en Tlaxcala, Juan Manuel Crisanto Campos, fustigó que la selección de autoridades electorales en México recurra más a negociaciones que a evaluaciones técnicas.
Recordó su propio ingreso al Servicio Profesional Electoral como ejemplo de concursos públicos que garantizaban profesionalismo, por lo que propuso incorporar el principio de mérito al artículo 35 constitucional y establecer un decálogo del servicio público que elimine privilegios, incluido el fuero, para construir una administración de justicia eficiente y ética.
En tanto, los partidos políticos como el PAN y PRDT aseguraron que participan en estos foros con la finalidad de abonar a la discusión de un modelo electoral que fortalezca a las instituciones, en espera de que no existan modelos o proyectos terminados que atenten contra las libertades y la democracia.
Sin embargo, el dirigente perredista, Juan Manuel Cambrón Soria acusó que estos foros lucen “más como un tribunal inquisitorial de la 4T que como una apertura de diálogo”.
Además, advirtió que la democracia mexicana se encuentra “bajo asedio” en sus cuatro pilares fundamentales: división de poderes, Estado de derecho, respeto a derechos humanos y certeza electoral.
El ex diputado local señaló que la mayoría artificial en el Congreso, avalada por el Tribunal Electoral, ha distorsionado el equilibrio institucional, por lo que criticó que los órganos autónomos estén en riesgo de extinción o convertidos en “instituciones fachada” y alertó que la reforma electoral “será el último torpedo que dinamite el sistema como lo conocemos”.
Recordó la advertencia histórica de Everto Castillo en el marco de la reforma electoral del año 1977: “si el gobierno insiste en controlar los procesos electorales, México dará un salto atrás en la historia”.
Por su parte, el líder estatal del PAN, Ángelo Gutiérrez Hernández sostuvo que es necesario defender las libertades políticas como el pilar que sostiene a nuestro sistema democrático, como son la expresión, de asociación, de reunión y de participación electoral.
Por ello, el PAN rechaza toda reforma que, bajo el argumento de la modernización, pretenda disminuir o condicionar estas libertades esenciales. Acción Nacional ha sido protagonista de los avances democráticos más importantes del país…No venimos a cerrar puertas al diálogo, sino a exigir un proceso transparente, incluyente y respetuoso de la pluralidad política.
Abundó que en Tlaxcala, la libertad de asociación ha permitido la construcción de coaliciones, la participación de nuevas generaciones y la representación de comunidades indígenas y rurales que antes no tenían voz. El sistema electoral mixto, mayoría relativa y representación proporcional, ha demostrado ser un equilibrio que protege la pluralidad.
“Sin embargo, la reforma propuesta por el gobierno federal representa un grave retroceso. Diversos especialistas, así como líderes de Acción Nacional, han advertido que se trata de una iniciativa que busca concentrar poder, reducir contrapesos y debilitar la autonomía del INE y de los organismos locales. Una reforma diseñada sin escuchar a la oposición, sin atender a los expertos y sin considerar la diversidad territorial de estados como Tlaxcala, no puede llamarse democrática. Es una reforma que amenaza la libertad de asociación, que pone en riesgo el voto libre y que margina a quienes no comparten la visión oficialista.
Ante tales condiciones propuso reforzar la autonomía del INE con mayores capacidades de fiscalización y profesionalización; expandir mecanismos de participación ciudadana, incluyendo herramientas digitales seguras, sin sustituir el indispensable papel de los partidos políticos como mediadores entre sociedad y gobierno; profundizar la inclusión, garantizando la participación efectiva de mujeres, jóvenes, indígenas y personas con discapacidad en todos los niveles de representación.
En contraparte, la presidenta estatal de Morena, Marcela González Castillo retomó el debate sobre el costo del sistema electoral nacional. Sin evasivas, señaló que el gasto del INE se ha disparado y que la austeridad debe ser acompañada de una reingeniería real del modelo electoral, no de decisiones que sacrifiquen calidad, equidad y confianza.
“De acuerdo con publicaciones oficiales, en 2018 el INE recibió casi 24 mil millones de pesos y, en 2024, aproximadamente 33 mil millones de pesos. Esto equivale a un presupuesto superior al anual del estado de Tlaxcala. Tomando en cuenta este gasto, es legítimo que la sociedad demande cuentas claras, en las que cada peso invertido se traduzca en mayor confianza y certeza. Nuestra propuesta consiste en revisar el modelo electoral nacional para que se lleve a cabo una reingeniería orgánica que reasigne las atribuciones y funciones de los organismos electorales locales y del INE y se construya una nueva estructura administrativa. Lo anterior permitirá evitar duplicidades, y mejorar la coordinación entre instituciones.
La morenista también pidió definitivamente eliminar el fuero, por considerarlo un privilegio que erosiona la confianza ciudadana.
En tanto, Enrique Cano Mora, quien abrió la audiencia denunció el abuso de acciones afirmativas por parte de personas que no pertenecen realmente a los grupos vulnerables que estas medidas buscan proteger.
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La denuncia fue secundada por Luz Marina Rivera, activista LGBTIQ+ y presidenta de Diversidad, quien denunció que, en procesos recientes, hubo candidaturas que simularon pertenecer a la comunidad solo para cumplir cuotas, sin trabajo previo ni representatividad real, por lo que “tenemos que evitar fraudes y usurpaciones. La autoidentificación simple no basta”.
Propuso implementar una autoidentificación calificada, obligar a los partidos a contar con comités especializados en diversidad sexual, publicar listas de candidaturas afirmativas antes del inicio de campañas y garantizar sanciones ejemplares a quienes falseen información o discriminen internamente.
En tanto, la ciudadana Guadalupe Álvarez Rascón se pronunció a favor de reducir el financiamineeto público a partidoso y presentó un análisis comparado sobre de éste, señalando que México se ubica entre los países con mayor gasto per cápita en partidos políticos, con entre 2 y 4 dólares por habitante al año.
“En Europa el promedio es de 0.3 a 1.2 dólares. La fórmula vigente es de hace 30 años, pensada para un sistema en transición. Hoy está rebasada”, por lo que planteó avanzar hacia un modelo híbrido, que combine financiamiento público y privado con controles estrictos, transparencia e incentivos para que los partidos recauden entre su militancia.
Tras todas las participaciones de Azucena Calyecac, Seger Luna Moreno, Alfonso Lima Gutiérrez, Miguel Zecua, Juan Carrasco y Elías Bautista, la presidenta de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Ernestina Godoy realizó una síntesis de los planteamientos, destacando la relevancia de las acciones afirmativas, la necesidad de frenar abusos y simulaciones, la defensa de los Ople, el reconocimiento del cuarto nivel de gobierno, como son las presidencias de comunidad y la importancia de sostener la representación de minorías en cualquier rediseño del sistema electoral.
“Nos llevamos de Tlaxcala un mensaje claro: las reformas deben fortalecer, no debilitar”, concluyó.
