Al considerar que el Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo ha sido un fracaso y manejado arbitrariamente por parte de diputados locales y alcaldes, el frente de organizaciones campesinas exigió que sea reasignado a la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), en 2020.
En el contexto de la discusión y aprobación del presupuesto del año próximo, Edilberto Castillo Castillo, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC) en Tlaxcala, conminó al Congreso del estado a redireccionar estos apoyos.
“En nuestra opinión, debe desaparecer ese programita de Fortalecimiento al Campo que operan diputados locales; la ciudadanía eligió hace un año diputados, no intermediarios; y en el marco de esta Cuarta Transformación deben ser congruentes. Ninguna fracción del artículo 74 de la Constitución federal se establece que las y los legisladores tengan atribuciones para operar recursos”, abundó en rueda de prensa.
Puntualizó que la Sefoa debe manejar ese dinero, ya que es la instancia que cuenta con mayor experiencia y personal técnico especializado. Añadió que ya se planteó el tema al titular de esta dependencia, Arnulfo Arévalo, para que “a la vez (él) se la correa de transmisión ante el Ejecutivo” y se exhorte a diputados.
“Lo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha criticado de las organizaciones sociales, cosa en la que está equivocado, lo hacen ellos (diputados de Morena)”, indicó.
Ernestina Ramírez Ortiz, secretaria general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), sustentó que dicho Fondo de 154 millones de pesos es operado sin previo diagnóstico, de manera arbitraria y sin reglas claras y tardías, lo cual ha generado una serie de complicaciones.
Aseveró que las organizaciones “no permitirán” que este esquema sea ratificado en 2020 bajo los mismos términos del presente año, por lo que –acentuó- vamos a exigir al Congreso del estado que lo reoriente.
Señaló que la asignación de recursos a cada municipio no fue congruente con la superficie que cada localidad destina a actividades agropecuarias, sino que solo respondió “a conveniencia de los diputados”.
Eduardo Carvente Morales, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), subrayó que las y los diputados “hacen y deshacen a su antojo” con las reglas de operación y que han actuado con opacidad y discrecionalidad, así como con fines clientelares, pues “ni siquiera se tomaron la molestia de consultar a áreas técnicas” para conocer la problemática del campo tlaxcalteca.
Consideró que el Fondo ha sido un fracaso y citó como ejemplo que en el municipio de Zacatelco “tenemos muy fraccionada la tierra y el diputado (del distrito) y el presidente municipal compraron una (trilladora cosechadora) combinada de más de 6 millones de pesos, pero no nos funciona porque no tenemos las extensiones de tierra como las hay en la zona norte o poniente del estado”.
Recalcó que esta “política está mal encaminada”, de ahí la necesidad de reorientar el esquema y pidió tanto a congresistas como al titular del Poder Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, “que tomen en consideración que el sector campesino está siendo desmantelado y con esos programas clientelares, va a estar en el abandono”.
César Recova Romero, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), acentuó que lucharán “para que esto no vuelva a pasar”, ya que las y los diputados no solo legislaron el Fondo sino también lo operaron y se convirtieron en proveedores de beneficiarios.
Ratificó la demanda de que es esquema sea manejado por Sefoa, ya que es “más fácil pelearlos” en una dependencia que en 60 municipios y 25 diputados que han incurrido en irregularidades, como en Texoloc, donde distribuyó ganado enfermo y ha puesto en riesgo al hato sano.
Ante esta situación, adelantó que la UNTA ha propuesto al resto de organizaciones campesinas programar una serie de movilizaciones que incluyen la toma de dependencias públicas, “para que sepan que no estamos contentos con la distribución del recurso que se está dando y que no vamos permitir que los recursos se usen en otras cuestiones”.
A este frente también se han sumado el Movimiento Social por la Tierra (MST) y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias (Unimoss).
