Después de cinco días de paro de “brazos caídos” frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET), la mañana de este miércoles finalizó la manifestación de agremiados de la delegación D–III–1 de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bajo el aparente acuerdo de que la Contraloría Interna de esta dependencia va a “desaparecer”.
Así lo dio a conocer, según testimonios de los trabajadores, el secretario general de la sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa, acompañado de la secretaria de la delegación D–III–1, Gwendolynne Amaro Ramírez, quienes arribaron a las instalaciones de la dependencia, cerca de las 7:30 horas, para informar al grupo manifestante de este acuerdo.
Este conflicto inició el 30 de octubre de 2023, cuando un grupo de trabajadoras de la Contraloría Interna de la SEPE–USET acusaron al titular de esta área, Edmundo Vázquez, de presuntos actos de acoso laboral, razón por la cual tomaron las oficinas del área. Tras meses sin recibir respuesta de parte de las autoridades educativas y con el apoyo de compañeros agremiados a la sección 31 del SNTE, el pasado jueves 4 de enero iniciaron un paro laboral y cerraron las instalaciones de la dependencia.
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No obstante, esta medida solo derivó en una serie de conflictos entre manifestantes y granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que resguardaban el inmueble para permitir el paso de autoridades educativas y trabajadores que los inconformes procuraban evitar con la formación de vallas humanas los días 8 y 9 del presente mes.
Después de estos días de paro laboral, finalmente tanto manifestantes como elementos de la Policía Estatal se retiraron de las oficinas centrales de la SEPE–USET, que volvieron a operar con normalidad, con la aparente resolución del conflicto que inició desde el año pasado.
Cutberto Chávez llevó a cabo negociaciones con el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, en las que se llegó a la conclusión que la Contraloría Interna se convertirá en un órgano externo a la SEPE–USET.
Es así que los 25 trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Interna serán reubicados en otros departamentos de la dependencia, bajo el compromiso de brindar todas las facilidades para evitar que sus derechos sean vulnerados.
Además, se garantiza a las afectadas que deseen continuar con las denuncias y medidas jurídicas en contra de Edmundo Vázquez, brindar seguimiento a esta decisión, así como que no existirá relación entre el contralor y los compañeros de base de la delegación D–III–1.
Asimismo, ninguno de los involucrados será “tocado” a nivel jurídico ni laboral por los eventos de los últimos días, por lo que “todo queda limpio para que podamos continuar laborando”. Esto en razón de la presunta orden de aprehensión emitida en contra de Gwendolynne Amaro Ramírez, quien dio a conocer que la autoridad educativa se desistió de la denuncia en su contra.
No obstante, las trabajadoras afectadas compartieron su intranquilidad, pues señalaron que, hasta donde es de su conocimiento, Edmundo Vázquez continuará sus labores al frente de la Contraloría, que contará con trabajadores de confianza o, al menos, no recibirá una sanción por las acciones cometidas.
“No nos dieron, realmente, solución a lo que pedíamos”, señalaron las trabajadoras en entrevista con este medio.
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Expusieron también que el día de mañana (jueves), aparentemente se llevará a cabo la apertura de la Contraloría para que entreguen los documentos que tienen a su resguardo, para luego esperar la orden de reubicación a otra área de la SEPE–USET.
“Se escucha fácil (la desaparición de la Contraloría), pero no lo es. Tendrían que modificar la normatividad y el organigrama de la secretaría. No nada más es decirlo así, tiene que haber muchísimas modificaciones”, como es el manejo de salarios, pues esta área sería un órgano a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP); de manera que no queda claro cuál dependencia se encargará de pagar a los trabajadores.
Fue así como manifestaron su desacuerdo ante estas medidas, no por la reubicación, pues afirmaron que están capacitados para adaptarse a otros departamentos, sino por la falta de justicia ante el presunto acoso sufrido de parte de Edmundo Vázquez, de quien dijeron “se queda para limpiar su nombre”.
“Nos genera muchísima molestia, porque somos víctimas”, expresaron las trabajadoras y añadieron que van a valorar continuar con algún proceso jurídico contra el contralor, ya que refirieron que identificaron parcialidad de parte de las autoridades en favor de Edmundo Vázquez, incluso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).