Procesos lentos y largos que dilatan la imposición de penas y el acceso a la justicia, que revictimizan y no garantizan sentencias condenatorias ejemplares, evidencian los feminicidios de Clara, Cecilia y Estefania.
Por eso, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía A.C. (CMU), asociación integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), insiste en que en Tlaxcala el sistema de justicia todavía es deficiente y lento, “con muchas deudas que debe de atender para garantizarle a las familias y a las mujeres el acceso a la justicia”.
Te puede interesar: Miedo y falta de recursos económicos frenan a familiares de víctimas de feminicidio para exigir el acceso a la justicia; algunos han tenido que salir del estado: CMU
Asimismo, enfatiza que hay otros pendientes en materia de prevención y en garantizar el derecho a la reparación integral del daño, pues frente a estas omisiones las familias y las organizaciones acompañantes se han visto orilladas a colocar públicamente los procesos a los que se enfrentan, sin aún obtener respuesta total.
Por tanto, exige que el tema de acceso a la justicia “debe ser verdadero y no a medias”; al mismo tiempo, cuestiona que la audiencia de este 11 de julio para imponer la pena al feminicida de Estefania no fue suficiente, por lo que la resolución tendrá que trasladarse a otra fecha; lo mismo -añadió- en el caso de Clara N., pues tampoco se concretó en el juicio efectuado el miércoles pasado.
Al respecto, Ana Laura Servín Jiménez, asesora jurídica de las familias de estas dos víctimas de feminicidio, explica que pese a la sentencia condenatoria obtenida el pasado 5 de de este mes contra Luis David N, asesino de Estefania, a las 12:15 horas del jueves 11 se llevó a cabo la audiencia de individualización de sentencia, pero el Tribunal “únicamente nos dio 30 minutos, aun cuando tenía conocimiento de que llevábamos dos órganos de prueba tanto para la penalización como para solicitar y comprobar la reparación del daño, entonces, nos deja con un sin sabor de boca”.
Lamenta que no se haya impuesto la penalidad a la cual va a ser condenado el feminicida y en los términos requeridos, por un total de 92 años tres meses. “Desgraciadamente todavía no, está contemplada para el día 26 de este julio, esperamos que no se siga postergando”.
Añade que la defensa de Luis David N. ha señalado que planea apelar la sentencia, si bien -acentúa- está en su derecho, “tenemos la certeza de haber hecho un trabajo con respeto a derechos humanos y al proceso que se le estuvo dando al imputado”.
Sobre el caso de Clara N., Edith Méndez explica que el 24 de febrero de 2019, esta mujer fue asesinada cuando tenía 25 años de edad; pero después de más de dos años, en mayo de 2021, se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
También puedes leer: Identifica CMU 11 presuntos feminicidios con clasificación de suicidio, en este año
El pasado 4 de este mes de junio, después de la audiencia de alegatos de clausura y conclusión de la etapa de juicio oral, Jaime Alberto N. fue declarado culpable de este feminicidio, cuya pena todavía está pendiente.
La familia de Clara ha enfrentado durante cinco años cuatro meses un proceso, “como muchas otras que son victimas de la violencia feminicida que se vive en Tlaxcala”, indica.
Insiste en que en este sistema” sigue haciendo esperar a las familias que sigue revictimizando al no poder declarar realmente una sentencia condenatoria favorable”.
La activista vuelve a poner en lo público el caso de Ceci (asesinada en mayo de 2021), cuyo proceso judicial ha implicado mucho tiempo, pese a que ya existe sentencia, pues “aún debe quedar clara y que no se eche para atrás” por argucias legales de la defensa del feminicida, y exige que esto no debe ser ni en este ni en otros juicios. “Que realmente signifique una protección para todas las mujeres”.
De este asunto, Efrén López Hernández, padre de Ceci, repasa que hace un año se dictó la pena de 55 años de prisión al feminicida de su hija Semey N., ya que la familia no aceptó el procedimiento abreviado que derivaría en la reducción de la sanción y de la reparación del daño.
A unos días de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se convierta en Fiscalía, pide que el cambio no solo sea de nombre, sino que realmente se realice un análisis “de lo que está fallando en este sistema de justicia que ni es pronta ni es expedita ni es gratuita, todo lo contrario”, pue si es tardía, “entonces no lo es”.
Porque -abunda- los feminicidas pueden ejercer su derecho de inconformarse por la sentencia, pueden apelar y después tienen todavía siete años para poder ampararse, por eso, nosotros como familiares de las víctimas directas no podemos estar tranquilos, no podemos dormir en paz, “es más, por alzar la voz también hemos sufrido en carne propia un intento de homicidio por más de 15 disparos”, está documentado.
“¿Y qué creen?, seguimos aportando testigos, pruebas, peritajes y ni siquiera se ha judicializado en el Ministerio Público… no queremos ser otra estadística más”, expresa.
María del Pilar, hermana de Estefani, expone que la memoria “es parte de ese derecho que tenemos como familia, de que se nos restaure a nosotros y se le restaure a ellas la dignidad perdida”.
Ante este contexto, el CMU y el OCNF reiteran que es obligación del Estado implementar medidas comunitarias que garanticen la no repetición, “considerando las omisiones institucionales que pudieron haber evitado” estos y otros feminicidios.
Apremian a atender las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tlaxcala, particularmente las referentes a la justicia y reparación del daño, “las cuales deben tener un impacto social, pues visibilizan las deudas pendientes que aún tiene el Estado y que ya no puede postergar” en medio de un entorno de violencia feminicida e impactos en la vida de las familias y de la comunidad.
Hacen un llamado a las autoridades para que garanticen la aplicación del marco normativo local, nacional e internacional, a fin de que las sentencias establezcan la pena máxima “y se ponga un alto a las prácticas de omisión y permisividad del Estado”.