Un país que no tiene soberanía energética y alimentaria está condenado al subdesarrollo. La apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar la soberanía energética es correcta, se necesita aumentar la producción de barriles de petróleo y relanzar la industria petrolera, la petroquímica, por ende, la generación de gasolina, diésel y otros derivados. El aumento incidirá en disminuir la dependencia extranjera, reducirá los precios de los combustibles, aumentará la inversión nacional e internacional y, de paso, habrá generación de empleo en el sector energético. Pemex necesita un impulso gigantesco para sacarlo de la bancarrota en que la dejaron los gobiernos del PRIAN y este primer paso no vendrá de los grandes capitales, tendrán que provenir de una muy grande inversión pública.
Si el petróleo no fuera negocio, entonces no habría disputas por el mercado del oro negro a nivel internacional, entonces no habría inversiones de los grandes capitales en todo el mundo en el sector energético, entonces si no fuera negocio por qué mucha de la clase política y económica en México formó empresas en ese sector, compró gasolineras, distribuidoras de gas o bonos energéticos y sobre todo si no fuera negocio no habría compañías interesadas en participar en licitaciones para la exploración, producción y distribución de los derivados del petróleo.
En efecto, este recurso natural no es renovable y en algún momento de la historia de la civilización se terminará. De hecho, la transición energética está en marcha, caminamos hacia el uso de energías alternativas, pero para que la economía, los sectores, ramas, productos y servicios dejen de funcionar con derivados del petróleo aún falta mucho tiempo, al menos nos llevará este siglo XXI, el cambio no sólo vendrá de la innovación científica–técnica y de los aportes tecnológicos que lo acompañan, sino que será una verdadera revolución pasar del petróleo a otras formas energéticas que se expandan no sólo en México sino en todo el planeta. Se tendrá que modificar gran parte de la estructura productiva, los tres sectores de la actividad económica sufrirán una reconfiguración histórica, los servicios deberán concebirse de forma distinta y hasta los hogares de millones de personas tendrán que desechar muchos de los productos que ocupan en el día a día y desplazarlos por otros que estén en sintonía con las energías alternativas. Ese tránsito no será sencillo, ni será de la noche a la mañana, se llevará su tiempo pues nos guste o no las economías del mundo dependen del petróleo para promover, mantener o aspirar a su desarrollo.
En pleno siglo XXI el planeta sigue dependiendo del oro negro, hoy por hoy no hay ningún país que declare la muerte en el uso del petróleo para sostener su economía. Ante ese escenario, ¿vale la pena invertir en petróleo?, ¿quién debe invertir el gobierno o el sector privado?, ¿se pude hacer una mezcla de recursos públicos y privados para aprovechar la abundancia de energético? En principio, para el caso mexicano ni siquiera los tecnócratas del PRIAN pensaron en dejar la explotación del recurso natural, pero para ellos el negocio debería ser atendido por el sector privado nacional e internacional, incluidos ellos mismos. Vale la pena recordar que desde hace más de dos décadas se firmaron contratos de responsabilidad compartida que después fueron avalados por la reforma energética, sin embargo, el negocio no fue para recuperar a Pemex, fue para concluir la tarea de exterminarlo, sin que ello implicara reducir las ganancias extraordinarias de ese sector. Hicieron negocios multimillonarios como se ha ido constatando, aunado a lo anterior el dispendio por los excedentes petroleros fue vergonzoso, no sólo se enriquecieron sino que aumentaron la deuda de la paraestatal hasta dejarla prácticamente en la bancarrota.
En ese sentido, llama la atención que ahora haya todo tipo de expresiones para criticar la voluntad política del presidente de recuperar Pemex, unos y otros arremeten contra las decisiones como la construcción de la refinería de Dos Bocas o la modernización de las refinerías e incluso el combate frontal al huachicoleo, ni siquiera les da gusto la histórica línea de crédito lograda por el gobierno con la banca internacional para fondear a Pemex; en cambio, insisten que el gobierno no debe invertir en el sector energético, pues para ello es poner dinero en una empresa en bancarrota. Estos críticos que se dicen ahora expertos no alcanzan a mirar que detrás de la decisión tomada por AMLO de recuperar la empresa está en juego la soberanía energética y que ésta es una opción para apalancar el desarrollo económico de México; no alcanzan a mirar que estamos en un proceso de transición del modelo económico y que quien debe obtener beneficios del petróleo son la mayoría de los mexicanos y no sólo una minoría rapaz que hizo del petróleo un negocio de cuates. Los ahora expertos en energéticos deberían aclarar por qué si no creen en las bondades del sector, no sacan sus empresas del mismo. Son expertos para lo que les conviene. Pemex es negocio y debe ser punta de lanza para el desarrollo de México, pero con la rectoría y recursos del Estado mexicano.
Entre tanto, los automóviles nuevos no sólo son un medio de transporte indispensable en estos tiempos, también favorecen el bienestar individual y colectivo, por fortuna contaminan menos, sobre todo en épocas de contingencia ambiental. Ver para creer.