La Red Nacional de Alertistas (RNA) demandó al gobierno federal y estatal cumplir con la asignación de recursos para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en 2020.
Asimismo, exigió el uso racional, eficiente, eficaz y con plena transparencia de los fondos públicos destinados a la emergencia de la violencia contra las mujeres en el territorio nacional, “como lo exige el agravamiento” de las agresiones en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Silvina Nava Nava, representante por Tlaxcala en la RNA, aseveró que esta organización también ha insistido al gobierno de la República que cumpla con sus obligaciones frente a los ataques hacia la población femenina, establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además, esta organización ha realizado un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “para que actúe con apego a las disposiciones aplicables” en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para atender compromisos.
La finalidad de esta petición es que no reduzca ni elimine los recursos destinados al anexo 13 referente a “erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, en el que se encuentra incorporada la partida para las entidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Por tanto, la RNA ha exigido a la Federación que los recursos para atender la AVGM en Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Puebla y estado de México, sean transferidos de manera íntegra a sus destinatarios para garantizar la implementación de las recomendaciones derivadas de la activación de este mecanismo.
“El compromiso del Estado mexicano es destinar un porcentaje del gasto público a garantizar una vida sin violencia y esto está definido en los indicadores de Resultados del Segundo Informe para la Medición de la Implementación de la Convención de Belém do Pará”, los cuales sirven para dar seguimiento a recomendaciones en la materia.
Nava Nava explicó que este es el posicionamiento de la RNA en el que resalta la demanda para que los programas destinados al combate a la violencia feminicida y la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas, sean considerados como actividades esenciales y prioritarias, y particularmente el cumplimiento a recomendaciones derivadas de las declaratorias de AVGM y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, concluyó.