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Ante la demora en la publicación de las reglas de operación del Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo, organizaciones integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) exigieron al Congreso local y al gobierno estatal “que dejen de aventarse la bolita” en este caso y anunciaron que emprenderán movilizaciones.
La mañana de este martes, las dirigencias de las agrupaciones que conforman esta confederación se reunieron en un restaurante de la capital del estado para ponerse de acuerdo en las acciones que llevarán a cabo como medida de presión para que ya sean ejecutados esos 154 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2019.
Alejandro Martínez Hernández, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), reprochó que el pasado 10 de este mes el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Aarón Pérez Carro, haya ofrecido que a la semana siguiente serían publicadas las reglas de operación del fondo.
También criticó que Alejandra Nande, secretaria de Planeación y Finanzas, “se esconda” de los medios de comunicación para no responder con claridad sobre este asunto. Dijo que este retraso da pie a “pensar mal” y a pedir “que no se estén peloteando” este caso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Preguntó “dónde están aproximadamente 300 millones de pesos” para el sector y acentuó que el campo “es un tema urgente”, por lo que deben “movilizarse ya” pues es “la única manera legal que tenemos para reclamar”.
Requirió a alcaldes (quienes tendrán a su cargo el fondo) “que no se presten a componendas porque se van a ver muy mal, pues hubo la encomienda de que no se comprometiera el recurso hasta en tanto no se presentara el diputado de cada distrito”.
“A uno de los diputados se le salió decir en Terrenate que en la reglas de operación se establecería que el dinero sería usado en calentadores solares, eso no debe ser… en el Congreso hay varios mañosones que le saben la tema de los recursos”, indicó.
En tanto, Claudio Flores Espina, dirigente estatal de la Central Campesina Independiente (CCI), refirió que a esta situación se suman los cambios realizados por el gobierno federal en diverso programas y de la exclusión de Tlaxcala en varios de ellos, como en el de Crédito Ganadero.
Insistió en que la política de Andrés Manuel López Obrador debe ser reorientada, pues a cuatro meses de la nueva administración federal, no se observa una diferencia respecto de sexenios pasados, pues todavía “no acaba de aterrizar”, además –abundó-, le apuesta más a los social que a lo productivo, “está equivocada”.
José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal de esta confederación y dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), solicitó al gobierno estatal atender las demandas planteadas por organizaciones campesinas el pasado 10 de abril. Asimismo, pidió seriedad a las autoridades para cumplir con esas peticiones e insistió en que el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez debe ser “sensible” para apoyarlas.
Remarcó que hay “nueve mil millones del Ramo 33”, de los cuales una parte significativa podría ser utilizada en un programa de fertilizante “más ambicioso” y para el pago de seguros agrícolas, sobre todo por las adversidades climatológicas a las que se enfrentan las y los agricultores de la entidad.
Consideró necesario que la Federación revise su acción hacia el campo tlaxcalteca, ya que varios esquemas que desaparecieron o que fueron fusionados. “Algunos parecen correctos pero no tienen recursos”, mencionó.
Sergio Sarmiento Rodríguez, dirigente de la Confederación Agrarista Mexicana (CAM), hizo hincapié en el recurso etiquetado por diputados locales y llamó a estos representantes populares “a que no caminen juntos con el Ejecutivo en los moches”, pues no se puede permitir que ese fondo sea aplicado en calentadores solares. “Deben exigirle al gobernador que promulgue las reglas de operación”.
Subrayó que lo que el campesino necesita son insumos para su parcela y cuestionó la falta de sensibilidad de autoridades para percibir los requerimientos de este sector, pues –dijo- sin materia para trabajar la tierra “prácticamente nos noquean; nos dejan en la lona”.
Marcial Gress Roldán, dirigente estatal de la Unión General, Obrera, Campesina y Popular (Ugocep), también criticó que entre el Ejecutivo y el Legislativo “se echen la bolita” para la emisión de las reglas de operación.