Por unanimidad de votos, los integrantes del Congreso local exhortaron al ayuntamiento de Calpulalpan para que pague al ex alcalde Juan Antonio García Espejel sus salarios y retribuciones que dejó de percibir en los dos últimos meses de su mandato constitucional, luego de que fuera suspendido del cargo por los diputados de la LIX Legislatura local.
Con ello, los legisladores locales dieron cumplimiento de una resolución judicial de fecha 28 de enero de 2011, dictada dentro del juicio de amparo 1825/ 2010-II, promovido por el ex munícipe García Espejel.
El amparo fue concedido por el juez primero de distrito en el estado de Tlaxcala, Ignacio Manuel Cal y Mayor García, quien envió a los legisladores locales un escrito en el que se establece que el ayuntamiento de Calpulalpan debe pagar dentro del término de tres días, después de que ha hecho caso omiso a los diversos requerimientos que se le han formulado, a fin de dar cumplimiento cabal a la sentencia formulada en su momento.
El juez advierte que, en caso de incumplir con el requerimiento, tanto el Congreso local como el ayuntamiento de Calpulalpan, se harán acreedores a una multa de 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La justicia federal concedió el amparo al ex presidente municipal de Calpulalpan, Juan Antonio García Espejel, y le ordenó al Congreso del estado exigir al ayuntamiento de esa jurisdicción el pago de todos y cada uno de los emolumentos que dejó de percibir luego de que fuera suspendido por la pasada legislatura local.
Cabe recordar que el 11 de noviembre de 2010, el Congreso local acordó suspender de sus funciones a Juan Antonio García Espejel por un periodo de 60 días naturales, con el objetivo de que atendiera un procedimiento legal instruido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en el que se le fincaban responsabilidades indemnizatorias por presuntas irregularidades cometidas durante su mandato.
Tal suspensión le imposibilitó a García Espejel concluir su pe-riodo como alcalde constitucional de Calpulalpan, cargo que fue asumido por el primer regidor Rafael Yescas Vega.
En su momento, Juan Antonio García fue denunciado por el OFS ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), como resultado de la reprobación de las cuentas públicas de los ejecicios fiscales de 2008 y de 2009, en las que se le imputaron los delitos de abuso de autoridad, peculado y fraude.
Sin embargo, la justicia federal lo exoneró de esos señalamientos y ordenó que le paguen los salarios que dejó de percibir durante ese lapso.